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El reciente nombramiento de Willyam Tepud Verdugo como nuevo director general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) ha generado una fuerte ola de críticas por parte de organizaciones de pescadores artesanales y sectores académicos, que denuncian su falta de experiencia en temas pesqueros y acuícolas, y su cercanía política con el Partido de la U. El abogado, con especializaciones en derecho administrativo y laboral, fue posesionado esta semana por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien había prometido públicamente designar a un perfil técnico e idóneo tras la salida de Karen Mejía, exdirectora de la entidad, declarada insubsistente luego de revelaciones sobre contratos adjudicados sin concurso y un polémico proyecto de botes por $15.000 millones. Según denuncias recogidas por medios como W Radio y por la periodista Paula Bolívar, Tepud no cuenta con formación ni trayectoria en biología marina, pesca o acuicultura. Su hoja de vida se concentra en el derecho público y cargos administrativos, incluyendo su paso por Comfamiliar Nariño, entidad en la que actualmente enfrenta investigaciones. La Mesa Nacional Permanente de la Pesca, que había pedido directamente al presidente Gustavo Petro un perfil con experiencia científica y técnica, manifestó su decepción por lo que consideran una decisión política alejada de las necesidades reales del gremio. “Nombrar a alguien sin conocimiento del sector es un retroceso. Necesitamos un director que sepa de acuicultura, que entienda los ecosistemas marinos y que escuche a las comunidades”, señaló un representante de la Mesa. Este caso vuelve a poner bajo escrutinio el manejo de la AUNAP, una entidad que administra millonarios recursos públicos y que, pese a su bajo perfil, resulta fundamental para el desarrollo rural costero, la soberanía alimentaria y el control de los ecosistemas acuáticos. A ello se suma el hecho de que tanto Tepud como su antecesora fueron promovidos por el Partido de la U, lo que refuerza las críticas sobre el uso político de cargos técnicos.

El exjefe paramilitar señala directamente a funcionarios cercanos al gobierno y anuncia revelaciones en rueda de prensa la próxima semana A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de X, Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y gestor de paz designado por el gobierno, lanzó una dura acusación contra la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, al denunciar un supuesto sabotaje interno al proyecto de Paz Total liderado por el presidente Gustavo Petro. Según Mancuso, el boicot provendría desde la misma institucionalidad encargada de ejecutar la estrategia de diálogo y reconciliación, y estaría encabezado por el alto comisionado Otty Patiño, así como por Álvaro Jiménez y María Paz Lara, integrantes del equipo de esa oficina. “Un enemigo interno boicotea al presidente y sabotea la Paz Total desde adentro”, escribió el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia en su mensaje, que fue dirigido también al presidente Petro, al Ministerio de Justicia y a altos funcionarios del gobierno. En otro trino, Mancuso anunció que en los próximos días convocará una rueda de prensa para entregar detalles sobre estas acusaciones, y reiteró su apoyo a los esfuerzos de paz impulsados por el mandatario. “Reconozco y respaldo los esfuerzos de paz y reconciliación del presidente Petro y de toda autoridad que la impulse genuinamente”, dijo. El excomandante paramilitar, repatriado recientemente a Colombia para contribuir con el esclarecimiento del conflicto armado, aseguró que la paz no puede estar condicionada por intereses particulares o personales: “Por encima de mercaderes con intereses particulares, la paz es un compromiso vinculante, obligatorio y exigible, sin sesgos, prejuicios o estigmatizaciones”. Su señalamiento directo a funcionarios de confianza del presidente plantea interrogantes sobre las fracturas dentro del propio gobierno frente a la implementación de su bandera política más ambiciosa.

El presidente insiste en llevar la reforma laboral a las urnas pese al rechazo del Senado, desatando una tormenta política y constitucional En una alocución televisada, el presidente Gustavo Petro confirmó este martes 3 de junio que convocará por decreto una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre la reforma laboral, luego de que el Senado archivara el proyecto el pasado 14 de mayo. La medida, inédita en la historia reciente del país, desató fuertes reacciones por su posible choque con la separación de poderes. “Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá. ¿Por qué decreto la consulta? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, sostuvo el jefe de Estado, quien acusó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de irregularidades en el trámite legislativo. Según Petro, el decreto será expedido esta misma semana y contendrá doce preguntas elaboradas por el gobierno, que ya tendrían el aval de expertos constitucionalistas, aunque sus nombres no han sido revelados. La fecha tentativa para la consulta sería entre finales de julio y comienzos de agosto. El mandatario aseguró que la iniciativa responde al derecho del pueblo de pronunciarse sobre una reforma que busca combatir las “relaciones de neoesclavismo” entre empresarios y trabajadores. También afirmó: “El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño”, subrayó. El presidente acusó al Senado de cometer fraude durante el trámite del proyecto y afirmó que se impidió el voto de tres senadores y se alteró la voluntad de un opositor que inicialmente votó a favor. “Lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo”, sentenció. Desde el gobierno, el exfiscal y actual asesor jurídico Eduardo Montealegre defendió la medida, argumentando que el archivo del proyecto en el Congreso tiene vicios “insubsanables” que lo hacen inexistente. Por tanto, según su interpretación, el presidente tendría facultades para convocar la consulta directamente por decreto. Efraín Cepeda calificó la iniciativa como una “ruptura de los poderes públicos” y advirtió que insistir en este camino sería equivalente a un “golpe de Estado”. Una postura compartida por el exsenador y negociador de paz Humberto de la Calle, quien alertó que “esa determinación solo corresponde al Consejo de Estado. Esto es un golpe de Estado, y no tan blando”. La Corte Constitucional será ahora el árbitro central de un conflicto que pone a prueba los límites del poder ejecutivo frente al legislativo. Mientras tanto, el país se alista para un nuevo capítulo de polarización política, con la reforma laboral como bandera y el poder del voto como terreno de disputa.

El presidente defendió subsidios al diésel y cuestionó a las grandes empresas del sector, mientras se intensifica la tensión por el cese de actividades anunciado para el 16 de junio El presidente Gustavo Petro respondió al anuncio de un nuevo paro camionero en el país, previsto para el próximo 16 de junio. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario acusó a las grandes empresas transportadoras de beneficiarse desproporcionadamente de los subsidios al diésel y afirmó que el pequeño camionero no ha recibido ningún apoyo directo del gobierno. Petro señaló que durante su mandato se han subsidiado 7 billones de pesos en diésel, principalmente a grandes compañías de tractomulas, lo que ha incrementado la deuda pública. “Mientras el pequeño camionero no recibe un peso del subsidio público, paga el diésel barato pero no le suben al flete que viene de los puertos”, escribió el jefe de Estado, quien además denunció que las decisiones de sus ministros de Hacienda sobre el pago del déficit de combustibles heredado del gobierno Duque se tomaron sin su consentimiento. El mandatario también abordó la situación financiera de Ecopetrol, asegurando que la empresa no atraviesa una crisis, como se ha sugerido, y que los menores ingresos actuales se deben a la caída del precio internacional del petróleo. No obstante, advirtió que si el crudo baja de los 45 dólares por barril y la compañía no ha avanzado en su transición energética, “ese día sí será verdad que Ecopetrol tendrá pérdidas y quebrará”. En ese contexto, Petro propuso que Ecopetrol venda sus activos de fracking en Estados Unidos y destine esos recursos a inversiones en energías limpias, inteligencia artificial, fibra óptica y conducción eléctrica, como parte de una estrategia de reconversión para enfrentar un mundo cada vez menos dependiente del petróleo. La protesta camionera fue convocada por las seccionales de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en Nariño y Cauca, argumentando el incumplimiento de los compromisos pactados tras la inmovilización de julio de 2024. Entre sus principales reclamos se encuentran la inseguridad en la vía Panamericana y el deterioro de la infraestructura vial en el suroccidente del país. El ambiente se torna cada vez más tenso entre el gobierno y el gremio transportador, uno de los sectores estratégicos de la economía nacional. Por ahora, el paro continúa en firme, mientras crece la incertidumbre sobre su alcance e impacto.

“EE. UU. quiere llevarse a Papá Pitufo para usarlo contra mí” dijo el presidente, asegura además que sufre un “atentado jurídico” orquestado por mafias y “neonazis”, con la extradición de Diego Marín como pieza. En una nueva y controvertida alocución, el presidente Gustavo Petro aseguró que enfrenta un intento de “atentado jurídico” en su contra, coordinado por redes mafiosas y grupos a los que calificó como “neonazis disfrazados de mafia”. Según el mandatario, la estrategia incluiría la extradición a Estados Unidos de Diego Marín, alias Papá Pitufo, presunto zar del contrabando, para que declare en su contra. Petro afirmó que Estados Unidos busca impedir el regreso de Marín a Colombia para evitar que “cuente todo lo que sabe”. Actualmente, el señalado contrabandista se encuentra detenido en Portugal y habría intentado frenar su extradición. El jefe de Estado sostiene que la demora en su traslado a Colombia obedece a presiones del gobierno estadounidense. “Preparan un atentado jurídico contra el presidente de Colombia. Usan el aparato judicial para fabricar un caso”, denunció Petro, quien ya ha advertido en otras ocasiones sobre supuestas conspiraciones en su contra. El mandatario también abordó la denuncia publicada por la revista CAMBIO sobre una supuesta donación de 500 millones de pesos hecha por Diego Marín a su campaña presidencial. Petro reiteró que ese dinero fue devuelto y que existe un video como prueba, aunque señaló que la grabación estaría en manos de “un doble agente español”. Además, reveló que Marín habría intentado infiltrar su campaña mediante familiares, sin éxito. Para Petro, la insistencia en llevar a Marín ante la justicia de EE. UU. es parte de un complot que busca fabricarle cargos desde el exterior. El escenario plantea nuevos desafíos para las relaciones exteriores de Colombia, y alimenta un ambiente político ya caldeado por la convocatoria presidencial a la consulta popular por decreto y los paros sociales en curso.