Inicia el quinto ciclo de pagos del programa Colombia Mayor en todo el país

Desde el 4 de junio se comenzó a entregar la transferencia monetaria a más de 1,6 millones de adultos mayores. En esta jornada, más de 500.000 personas mayores de 80 años recibirán un monto diferenciado de 225.000 pesos.   Bogotá D. C., 3 de junio de 2025. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social dio inicio al quinto ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, que busca brindar apoyo económico a adultos mayores en situación de vulnerabilidad en todo el territorio nacional. La entrega de recursos, correspondiente al mes de junio, se extenderá hasta el día 20 del mismo mes. La directora (e) de Prosperidad Social, Carolina Hoyos, explicó que el proceso comenzará el martes 4 de junio con el pago a los beneficiarios bancarizados, es decir, quienes cuentan con cuentas activas en el Banco Agrario de Colombia o usan plataformas digitales como Movii. A partir del miércoles 5 de junio, se dará inicio al pago por modalidad de giro, dirigido a quienes no utilizan servicios bancarios. En estos casos, los recursos serán entregados a través de las sucursales del Banco Agrario, corresponsales bancarios o entidades aliadas, según la disponibilidad en cada municipio. En total, se beneficiarán 1.635.742 personas mayores, para lo cual Prosperidad Social ha destinado 212.610 millones de pesos. Como parte del enfoque diferencial del programa, 508.506 personas mayores de 80 años recibirán un pago especial de 225.000 pesos, un reconocimiento adicional que responde a las condiciones prioritarias de esta población. La entidad recomendó a los beneficiarios estar atentos a los mensajes de texto que les indicarán la fecha exacta en la que podrán acercarse a reclamar el subsidio, o consultar directamente en el sitio web del Banco Agrario a partir del 5 de junio. Así mismo, se recordó la importancia de mantener actualizada la información de contacto para evitar demoras o inconvenientes en la entrega. Para mayor información o actualizaciones, los ciudadanos pueden comunicarse a las líneas de atención de Prosperidad Social: en Bogotá al 601 379 1088, y en el resto del país al 01 8000 95 1100. También pueden dirigirse a los enlaces del programa ubicados en las alcaldías municipales.

Comunidad de Ipiales preocupada por quema de contenedor de basura en zona residencial

Un video grabado por ciudadanos y compartido en redes sociales muestra a un hombre incendiando un contenedor de basura en el barrio Los Abedules, durante la madrugada. Un hecho registrado en el barrio Los Abedules, en el municipio de Ipiales, Nariño, ha generado preocupación entre los residentes de la zona. En un video que ha sido difundido ampliamente en redes sociales, se observa a un hombre, presuntamente en condición de calle, prendiendo fuego a un contenedor de basura ubicado en vía pública. El incidente ocurrió en horas de la madrugada, según relataron vecinos del sector, quienes manifestaron su inquietud frente a la seguridad del entorno y los posibles efectos de este tipo de acciones en la convivencia ciudadana. La quema del contenedor también ha despertado alertas sobre los riesgos para los animales que transitan o habitan en la zona. Aunque no se reportaron personas lesionadas, ni afectaciones mayores a viviendas o infraestructura cercana, el hecho ha sido comentado ampliamente por la comunidad, que solicita mayor atención a este tipo de comportamientos. Las autoridades locales han iniciado el proceso de recopilación de información para determinar las circunstancias del suceso y proceder conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Estados Unidos se opone a alto al fuego en Gaza

Pese al respaldo unánime de los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad, Washington bloqueó la iniciativa que también exigía el fin del bloqueo a la ayuda humanitaria. La decisión refuerza el apoyo a Israel y genera nuevas críticas internacionales. Estados Unidos volvió a ejercer su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para frenar una resolución que solicitaba un alto el fuego inmediato en Gaza y el levantamiento del bloqueo que impide el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. La resolución, respaldada por los otros 14 miembros del Consejo, reflejaba el creciente consenso internacional sobre la urgencia de poner fin a la ofensiva militar israelí y atender la crisis humanitaria que azota a más de dos millones de civiles atrapados en el conflicto. Sin embargo, el veto estadounidense impidió su adopción formal. Con esta decisión, Washington reafirma su respaldo a Israel, en un momento en que crecen las denuncias por posibles crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario. Diversas organizaciones humanitarias y gobiernos han advertido sobre el colapso sanitario y alimentario en Gaza, mientras se acumulan los reportes de víctimas civiles y destrucción masiva.El veto ha sido duramente criticado por actores diplomáticos y defensores de derechos humanos, que acusan a Estados Unidos de garantizar la impunidad del gobierno israelí en medio de una escalada sin precedentes. La medida también agrava las tensiones entre la administración Biden y sectores progresistas, tanto en su país como en el ámbito internacional. Mientras tanto, la situación sobre el terreno continúa deteriorándose, con informes que dan cuenta de bombardeos constantes, desplazamientos forzados y severas restricciones al acceso de alimentos, medicinas y combustible. La comunidad internacional, aunque dividida en sus respuestas, insiste en la necesidad de un alto el fuego duradero que permita la entrada de ayuda y abra caminos hacia una solución política al conflicto.

Homenaje al Taita Luis Aurelio Araujo

En estos momentos la población llena el polideportivo de Caiquer Viejo, vereda del municipio de Ricaurte, en una misa que no pudo realizarse en el templo, por la masiva asistencia. El asesinato del coordinador general de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá – Camawari, y de sus escoltas, Jesús Albeiro Chávez y Jackson Solarte, ocurrido en zona rural de Ricaurte, tiene indignada a la población de ese territorio y solidario con los liderazgos sociales a toda la sociedad nariñense.

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia

El exfiscal general asume en reemplazo de Ángela María Buitrago. Su llegada al gabinete de Gustavo Petro impacta el proceso contra Álvaro Uribe y refuerza la estrategia legal del gobierno frente a las reformas en curso. Una decisión de alto impacto político y jurídico sacude al país: el presidente Gustavo Petro designó como nuevo ministro de Justicia a Eduardo Montealegre Lynett, exfiscal general de la Nación, quien asumirá en reemplazo de Ángela María Buitrago. La noticia fue revelada en primicia por Julio Sánchez Cristo en La W Radio y ha generado una oleada de reacciones por sus implicaciones inmediatas y de fondo. Más allá del plano judicial, el nombramiento es interpretado como una jugada estratégica del presidente Petro para blindar jurídicamente su agenda de reformas ante un Congreso dividido y una oposición en permanente confrontación. “El mensaje es claro: se va a enfrentar al Congreso judicialmente para defender sus reformas y sus cambios”, sostuvo el periodista. Montealegre fue fiscal general entre 2012 y 2016, periodo durante el cual se caracterizó por su postura crítica hacia el uribismo y por su firme respaldo al proceso de paz. Su llegada al Ministerio de Justicia podría redefinir el rol de esta cartera como escudo legal del proyecto político del gobierno en medio de un ambiente cada vez más polarizado.

Fredy Gámez Secretario de Gobierno de Nariño

El nuevo funcionario llega con una agenda enfocada en justicia social, seguridad y desarrollo con equidad, en medio de un contexto de violencia que exige respuestas del Estado. En un momento especialmente crítico para la seguridad en el departamento, la Gobernación de Nariño anunció el nombramiento de Fredy Gámez Castrillón como nuevo Secretario de Gobierno. La decisión se dio tras la masacre ocurrida en Ricaurte —la primera de 2025 en el territorio— y tiene como objetivo fortalecer la presencia institucional, articular esfuerzos interinstitucionales y liderar una agenda de transformación territorial con enfoque en derechos humanos. Gámez es geógrafo con énfasis en planificación regional de la Universidad de Nariño, y especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional de la ESAP. Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de justicia transicional, participación ciudadana, gestión del riesgo y fortalecimiento institucional. Su trayectoria incluye asesorías en el Sistema de Naciones Unidas y cooperación internacional, donde ha trabajado en procesos de atención humanitaria y construcción de paz desde el territorio. “El territorio se entiende desde la geografía humana: donde la dignidad, la justicia y la vida son el centro de la paz territorial para el bien común de las comunidades”, afirmó Gámez al asumir el cargo, en una declaración que refleja su visión de lo público como herramienta para la justicia social. Desde su anterior función como director de Espacio Público en la Alcaldía de Pasto, cuando Pedro Vicente Obando, demostró capacidad de articulación operativa y cercanía con las comunidades. La administración departamental considera que su experiencia técnica y compromiso territorial lo convierten en un actor clave para liderar respuestas integrales en el actual escenario de crisis.Entre los principales retos de su gestión están: reactivar la confianza ciudadana en las instituciones, coordinar respuestas frente al incremento de la violencia, y avanzar en una política pública de seguridad con enfoque territorial y diferencial. Gámez es el tercer secretario de Gobierno en la actual administración. Benildo Estupiñan empezó en esa dependencia, luego estuvo como encargado José Cajares, actual gerente para el Pacífico.

Camioneros en asamblea permanente sin paro

El gobierno del presidente Petro logra suspender la protesta anunciada y activa compromisos para infraestructura y seguridad vial del suroccidente colombiano. La inminencia de un paro nacional de camioneros previsto para el 16 de junio encendió las alarmas en el suroccidente del país. Sin embargo, la mesa de diálogo del gobierno con los gremios del transporte de carga, con la presencia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, logró la suspensión de la protesta en espera que sean efectivamente atendidos dos puntos: mejoramiento de vías y garantías de seguridad. La cita, que tuvo lugar en el municipio de Chachagüí, permitió revisar los avances de los acuerdos firmados en 2024 y consolidar nuevos compromisos con el gremio camionero. La ministra Rojas anunció una inversión de más de 10 billones de pesos para proyectos estratégicos en la región. Entre las obras destacan la adjudicación de la doble calzada Pasto–Estanquillo por 2,2 billones de pesos, el avance del proyecto APP Estanquillo–Popayán por 7,6 billones, y el fortalecimiento operativo de la vía Panamericana con más de 46 mil millones en mantenimiento. A esto se suma la adición de 33 mil millones de pesos para la vía Tumaco–Pedregal, y 41 mil millones para el corredor vial de Buesaco. En materia de seguridad, se anunció la adquisición de 21 vehículos tácticos por valor de 51 mil millones, más una adición de 20 mil millones, y la implementación de drones para vigilancia en zonas críticas. Además, el peaje entre Pasto y El Tablón seguirá desactivado. “Se actuó a tiempo. Esta capacidad de articulación evitó una crisis y garantizó soluciones concretas para el gremio transportador”, señaló el alcalde de Pasto, Nicolás Toro. Por su parte, Alfonso Medrano, presidente de la ACC, destacó el gesto como “una muestra de voluntad política que devuelve la confianza”. El gremio suspendió el paro, aunque continuará en asamblea permanente a la espera del cumplimiento de los compromisos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se reforzará la presencia estatal en Nariño y Cauca para proteger a los transportadores.

Ministerios de Defensa y Transporte en Nariño

Una agenda institucional con presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional, para abordar problemáticas de seguridad y conectividad en el departamento se realiza hoy en Chachagüí. A las 9:00 a.m. la Ministra de Transporte María Fernanda Rojas Mantilla atenderá a los medios de comunicación y a las ⁠4:00 p.m. lo hará el Ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. Los principales temas a tratar son los recientes hechos de violencia que cobraron la vida de lideres sociales y miembros de la Unidad Nacional de Protección, así como el anuncio del paro camionero. Se destaca la respuesta inmediata del gobierno nacional para frenar la escalada de violencia en zonas como el piedemonte costero y la Subregión Cordillera, atender las demandas de las comunidades indígenas, afro y campesinas y buscar acuerdos frente al paro indefinido anunciado por el sector transportador para el próximo 16 de junio. Consejo de Seguridad Extraordinario: Se instalará en la tarde del 5 de junio en el Municipio de Chachagüí, con presencia del Ministro de Defensa, la cúpula militar, autoridades regionales y organismos de control, para adoptar decisiones urgentes frente a la situación de orden público en Nariño. Espacio de diálogo con comunidades de la Subregión Cordillera: Se habilitará un mecanismo de escucha activa con líderes indígenas, campesinos y afrodescendientes, para tratar temas relacionados con el impacto de las operaciones militares en sus territorios. Balance de compromisos viales con el sector transportador: En compañía de la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, se revisarán avances en proyectos estratégicos de conectividad de la vía Panamericana, principal arteria vial del suroccidente del país. Agenda con el sector transportador: Para abordar el tema de la seguridad en la vía Panamericana y el diálogo directo con el sector transportador, que permita conjurar los anuncios de un paro indefinido a partir del 16 de junio, por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC). Evaluación del retorno del Batallón de Ingenieros al Municipio de El Peñol: Se evalúa retomar la presencia institucional en esta zona estratégica, previa concertación con las comunidades y bajo condiciones de seguridad. Recompensa por información sobre el crimen del Taita Aurelio Araujo: El Ministerio de Defensa ofrece 100 millones de pesos y la Gobernación de Nariño, anunció otros 100 millones de pesos, por información que permita dar con los responsables del asesinato.

EE. UU. con inteligencia artificial vigila a inmigrantes, estudiantes y activistas

Denuncian que el gobierno de Trump desplegó una red de tecnovigilancia sin control judicial ni garantías constitucionales, con el respaldo de empresas privadas. El sistema afecta especialmente a comunidades vulnerables. Organizaciones de derechos humanos han encendido las alertas por una red de vigilancia masiva que opera en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, diseñada para monitorear a inmigrantes, estudiantes, comunidades empobrecidas y activistas. El sistema se basa en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y estaría funcionando sin supervisión judicial ni transparencia pública. Según denuncias presentadas por entidades como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el aparato de tecnovigilancia constituye la mayor operación de espionaje interior en tiempos de paz en la historia del país. Se trataría de un ecosistema digital complejo, desarrollado con el apoyo del sector privado y centrado en la recolección, cruce y análisis masivo de datos personales mediante algoritmos. El mecanismo incluye el rastreo de redes sociales, el análisis automatizado de publicaciones, la adquisición de datos a empresas privadas —como historiales de compras, ubicaciones o comportamientos sexuales— y el uso de herramientas de reconocimiento facial integradas en drones o lectores de placas. También se ha documentado la utilización de software espía para acceder a dispositivos móviles, además del cruce de información proveniente de bases de datos fiscales, médicas y de seguridad social. El sistema es capaz, por ejemplo, de marcar como “sospechosa” a una persona que se manifieste en redes sociales en contra de la masacre en Gaza, lo que puede derivar en consecuencias administrativas como la denegación de la ciudadanía o restricciones migratorias. Entre los más afectados se encuentran inmigrantes en proceso de regularización, jóvenes estudiantes de origen latino o musulmán, y personas racializadas. Los expertos advierten que este modelo representa un riesgo estructural para la democracia, ya que se basa en criterios opacos y sin rendición de cuentas. “Lo más grave es que estas prácticas se están normalizando bajo el pretexto de la seguridad nacional, sin debate público ni control institucional”, señaló un vocero de la ACLU. A pesar de los cuestionamientos, el gobierno ha defendido el sistema como un modelo eficaz de prevención de amenazas internas, asegurando que actúa bajo criterios técnicos y no ideológicos. Sin embargo, no ha hecho públicos los parámetros de clasificación utilizados por los algoritmos. La legalidad de estas prácticas está siendo cuestionada en tribunales federales y podría llegar hasta la Corte Suprema. Mientras tanto, activistas y juristas advierten que el uso desregulado de la inteligencia artificial por parte del Estado representa una amenaza directa a los derechos civiles y a las bases del Estado de derecho en Estados Unidos.

Imputan a César Manrique por corrupción en la UNGRD

El exdirector de Función Pública fue acusado por la Fiscalía de participar en un entramado criminal para direccionar un contrato por carrotanques en La Guajira. César Manrique, exjefe de Función Pública del actual gobierno, fue imputado este miércoles por su presunta participación en el escándalo de corrupción que salpica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De acuerdo con la Fiscalía, Manrique habría recibido $3.000 millones en efectivo como parte de un pago ilegal para direccionar un contrato adjudicado a la Fundación Yapurutú, con el fin de adquirir 40 carrotanques destinados al departamento de La Guajira. La audiencia de imputación se llevó a cabo en el Juzgado 66 de Garantías de Bogotá y fue liderada por la fiscal María Cristina Patiño, quien expuso cómo Manrique, aunque no era funcionario de la UNGRD, jugó un rol en el esquema delictivo. Según la investigación, operó en alianza con Olmedo López, exdirector de la entidad, y al menos otros nueve involucrados. El dinero fue entregado en nueve ocasiones entre enero y marzo de 2024, mediante maletas y en baños de centros comerciales. Las sumas fueron retiradas por Ana María Riveros, hija de Édgar Riveros, otro de los señalados, a través de la firma Office Abogados SAS. Los recursos eran canalizados a través de intermediarios, entre ellos Luis Carlos Barreto y Jorge Aristizábal. Barreto se habría quedado con $150 millones, mientras que el resto fue entregado a Manrique, quien ya había sido condenado por irregularidades en contratos durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Lo grave del caso es que los recursos desviados estaban destinados a atender emergencias humanitarias en comunidades vulnerables de La Guajira. La Fiscalía también señaló que existía un acuerdo para el pago de coimas del 7 % en varios contratos, aunque solo uno fue ejecutado. En la operación participaron también funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que habrían facilitado la liberación de recursos del convenio interinstitucional, con el fin de beneficiar a empresas previamente seleccionadas. Con esta nueva imputación, ya son cinco los exfuncionarios del gobierno Petro involucrados formalmente en el caso UNGRD: Olmedo López, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla (quien espera audiencia) y ahora César Manrique. Todos han sido mencionados en investigaciones relacionadas con redes de corrupción, favores políticos y desvío de fondos públicos.La defensa de Manrique solicitó suspender la audiencia argumentando fuero especial, por lo que el proceso podría pasar al Tribunal de Bogotá. La diligencia continuará este jueves.