Aprueba ley que blinda el agua como bien común y protege los acueductos comunitarios

Tras décadas de gestión autónoma en los territorios, la nueva legislación reconoce que estas organizaciones no son empresas comerciales sino sistemas de vida. El Estado ahora tiene la obligación de fortalecer la autonomía rural y garantizar el derecho humano al agua frente a cualquier intento de privatización.

En una jornada que marca un hito para la soberanía territorial en Colombia, el Congreso de la República aprobó este 16 de diciembre la Ley de Acueductos Comunitarios. Esta normativa surge como un reconocimiento oficial al esfuerzo histórico de miles de familias campesinas, indígenas y comunidades organizadas que, mediante el trabajo colectivo y la autogestión, han garantizado el acceso al líquido vital allí donde el Estado y el mercado no han llegado.

La nueva ley establece un cambio de paradigma fundamental al determinar que los acueductos comunitarios no deben ser tratados bajo la misma lógica que las empresas privadas de servicios públicos. A partir de ahora, se reconoce formalmente un modelo de gestión basado en asambleas y juntas administradoras, donde la propia comunidad decide sobre sus tarifas e inversiones. Este enfoque busca proteger la economía de la clase trabajadora y de los pequeños productores, asegurando que el agua sea administrada con criterios de bienestar social y no de rentabilidad corporativa.

En términos institucionales, la normativa obliga a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Comisión de Regulación de Agua (CRA) a diseñar medidas específicas y diferenciales. Ya no se podrá medir con la misma vara a un acueducto veredal sin ánimo de lucro que a una multinacional de servicios.

Finalmente, la ley otorga un valor jurídico a la dimensión ambiental de estos acueductos. Se reconoce que los gestores comunitarios —fontaneros, líderes y familias rurales— son los verdaderos guardianes de las microcuencas. Al proteger su labor, se asegura el derecho de las futuras generaciones a permanecer en el campo con dignidad, garantizando que el agua siga siendo un recurso compartido para la vida y no una mercancía en manos de unos pocos.