A escasos días de que venciera el plazo para que el Gobierno Nacional transfiriera a alcaldías y gobernaciones la responsabilidad de alimentar a los detenidos en los centros de detención transitoria (URIs y estaciones de Policía), la Corte Constitucional, mediante el auto 897 de 2025, ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) mantener la prestación del servicio sin interrupciones a partir del 1 de julio.

La decisión responde a la grave advertencia de una crisis humanitaria si la alimentación era asumida por entes territoriales, muchos de los cuales no presentaron hoja de ruta ni cuentan con viabilidad fiscal. Según el alto tribunal, obligar a estas entidades a asumir esta carga podría representar trato cruel, inhumano y degradante, dado el nivel de hacinamiento y la falta de recursos estructurales.

Actualmente, en Colombia hay más de 20.900 personas privadas de la libertad en estos centros cuya capacidad real es de 9.681 cupos, lo que representa un hacinamiento del 116 %. A pesar de que las URIs están diseñadas para detenciones de máximo 36 horas, al menos 193 personas llevan más de 690 días esperando traslado definitivo. La situación se agrava con la presencia de 1.424 personas ya condenadas alojadas irregularmente en estas instalaciones.

Si bien el Gobierno había asumido temporalmente el suministro de alimentación desde enero de 2024, la Ley 2346 preveía que los entes territoriales retomaran esta obligación a partir de julio. La Corte, sin embargo, encontró que ni siquiera grandes ciudades como Medellín o Cali tienen capacidad presupuestal, siendo Bogotá la única con algo de infraestructura pero con recursos limitados.

Además de ordenar la continuidad del servicio, la Corte exigió el traslado inmediato de las personas condenadas a centros penitenciarios formales y solicitó al Congreso legislar con urgencia para definir quién debe asumir de manera definitiva esta responsabilidad, garantizando los recursos adecuados.

La Corte también pidió a la Procuraduría iniciar procesos disciplinarios contra los entes territoriales que han incumplido sus funciones y anunció la creación de mesas de trabajo para hacer seguimiento riguroso a las medidas adoptadas.

Este fallo no solo resuelve un problema inmediato, sino que reabre el debate estructural sobre la crisis penitenciaria en Colombia, profundizada por el abandono institucional, la falta de infraestructura y la descoordinación entre niveles de gobierno.