Encontrar una salida a la violencia urbana que padece Medellín y hacer un piloto que se pueda reproducir en las principales ciudades de Colombia azotadas por bandas delincuenciales, es una tarea compleja que asumió directamente el presidente Petro.

Con el ataque de la dirigencia política que se opone a las salidas de paz que plantea el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro en la Plaza La Alpujarra de Medellín escuchó, frente a una multitud que colmaba es espacio, a los cabecillas de las principales bandas criminales, comprometiendose a transitar un camino de no violencia. La escena incomodó al alcalde y al gobernador de Antioquia, pero es la más audaz búsqueda para desactivar la delincuencia en los principales centros urbanos de Colombia.

Este episodio tiene sus raíces en 2022, cuando estructuras como La Oficina y Los Pachelly manifestaron su voluntad de acogerse a un proceso de diálogo con el Gobierno entrante. Tras meses de acercamientos y una tregua parcial entre bandas del Valle de Aburrá, en junio de 2023 se instaló formalmente la mesa de paz urbana en la cárcel La Paz de Itagüí. La mesa, liderada por el exsecretario de Gobierno Jorge Iván Mejía y la senadora Isabel Zuleta, se consolidó como un “espacio sociojurídico” para abordar la violencia estructural en Medellín y su área metropolitana.

Desde entonces, los jefes criminales han salido de prisión en al menos cuatro ocasiones con autorización del Inpec, a solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Estos traslados han sido para firmar compromisos como el cese de extorsiones en 25 barrios y para participar en foros públicos y audiencias.

Sin embargo, la falta de un marco jurídico claro para el sometimiento de estas estructuras ha puesto el proceso en un limbo. La Corte Constitucional ya advirtió en 2023 que cualquier política de sometimiento debe pasar por el Congreso, lo que las fuerzas contrarias no van a pasar. Mientras tanto, el Gobierno avanza con promesas de beneficios a cambio de desmovilización, incluso cuando muchos de los líderes involucrados ya han sido condenados por crímenes graves.

La senadora Zuleta y el ministro Armando Benedetti, insisten en que la paz solo se logra hablando con quienes ejercen el poder armado real en los territorios.

El futuro de este experimento de paz urbana dependerá de dos factores, la presentación en el Congreso de una ley de sometimiento ajustada a estándares constitucionales, y la voluntad política de los gobiernos locales, que hasta ahora se han mantenido al margen o en abierta oposición. La apuesta del presidente Petro es audaz, pero enfrenta tensiones jurídicas, sociales y políticas que podrían marcar el destino del proceso.