Un nuevo capítulo de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo se abrió con el proyecto de ley que modifica el manejo del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), norma que busca otorgar mayor autonomía presupuestal a alcaldías y gobernaciones. Mientras el Gobierno lo considera inconstitucional por afectar la sostenibilidad fiscal, desde el Congreso se denuncia que las objeciones fueron presentadas fuera de los plazos establecidos.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ya ha sancionado otras leyes bajo ese argumento —como la ley de micronegocios— alegando que el Ejecutivo no actuó a tiempo. Sin embargo, en este caso, el Congreso optó por la prudencia. El ponente del proyecto, Wilmer Castellanos (Partido Verde), anunció que se examinarán tanto la oportunidad como el fondo de las objeciones.

Según la carta enviada por los ministros de Hacienda y Trabajo el 20 de junio, el proyecto vulnera principios constitucionales como la sostenibilidad fiscal (art. 334), la intangibilidad de los recursos de la seguridad social (art. 48), y el ordenamiento jurídico en materia presupuestal y de trámite legislativo. Pero el Congreso asegura que el plazo para presentar objeciones vencía el 19 de junio, lo que vuelve extemporáneo el documento del Ejecutivo.

La propuesta legislativa actualiza la Ley 549 de 1999 y amplía los plazos para garantizar recursos destinados a las pensiones de sectores como educación, salud y propósito general. El fondo fue creado justamente para aliviar a los entes territoriales de sus obligaciones pensionales, por lo que otorgarles más margen de gestión se presenta como una medida de eficiencia fiscal descentralizada.

Ahora, el proyecto podría tomar tres caminos: (1) el Congreso puede aceptar las objeciones y modificar el texto; (2) puede insistir en su versión original y remitirlo a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto; o (3) puede proceder a sancionarlo directamente si considera inválidas las objeciones por extemporáneas.

En cualquier caso, este debate reafirma el creciente choque entre el Congreso y la Casa de Nariño, con implicaciones políticas y jurídicas importantes.