El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que en marzo de 2026 los colombianos podrán votar “sí” o “no” a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, en respuesta a la propuesta del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en la necesidad de “rediseñar institucionalmente el país” mediante una nueva Carta Política.

Según Montealegre, la actual Constitución de 1991 “ya no permite las transformaciones sociales que el país requiere” y es necesario un marco normativo que facilite “un salto social” basado en igualdad, solidaridad y justicia profunda. El ministro afirmó que el proceso será institucional, dentro de la legalidad, y que “no se trata de un salto al vacío”.

El presidente Petro asegura que se entregará una “papeleta constituyente” para que sea votada en las próximas elecciones, como mecanismo de presión política y expresión ciudadana.

Los opositores a la democracia participativa, como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dicen que la convocatoria formal de una constituyente debe pasar primero por una ley aprobada por mayoría en ambas cámaras del Congreso, según lo establece el artículo 376 de la Constitución. Es decir, el Ejecutivo no tiene competencia para convocarla por sí solo. Pero esa no es la discusión, de lo que se trata es de un mecanismo donde el pueblo decida que convoquen la constituyente.

El anuncio marca el inicio de un debate político y jurídico de gran trascendencia para el país, en el que se pondrá en juego no solo el contenido de la Constitución, sino también el equilibrio de poderes y la legitimidad de los mecanismos de participación popular.