Condenado “el Pastuso” por millonario desfalco en la UNGRD

Luis Eduardo López Rosero aceptó haber direccionado contratos por más de $108.000 millones y entregado millonarios sobornos con recursos destinados a enfrentar la crisis de agua en La Guajira. Fue condenado a seis años de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía.

Luis Eduardo López Rosero, conocido como “el Pastuso”, fue condenado este 18 de junio a seis años, un mes y 21 días de prisión por su papel protagónico en el escándalo de corrupción que sacudió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). A través de su empresa fachada, Impoamericana Rogers S.A.S., logró adjudicarse contratos multimillonarios, incluido el suministro de 40 carrotanques para La Guajira, por un valor de $46.800 millones.

La sentencia fue proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, tras la suscripción de un preacuerdo con la Fiscalía. El Pastuso aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Como parte del acuerdo, devolvió $7.722 millones que se había apropiado de manera ilícita.

Según la Fiscalía, entre septiembre de 2023 y enero de 2024, López Rosero utilizó información privilegiada para ajustar propuestas y asegurar contratos a favor de sus compañías. No solo controlaba Impoamericana, sino al menos otras 30 firmas con las que obtuvo más de $108.000 millones en contratos de la Ungrd. Por estos negocios, habría pagado sobornos equivalentes al 13 % del valor adjudicado.
El contrato de los carrotanques fue el núcleo del esquema fraudulento.

De los recursos comprometidos, se desviaron $6.342 millones en coimas: $1.000 millones para el entonces asesor jurídico de la Ungrd, Pedro Rodríguez Melo; $5.342 millones para el exsubdirector Sneyder Pinilla, de los cuales este se quedó con $618 millones y distribuyó el resto entre otros implicados. El exdirector de la entidad, Olmedo López, habría recibido $724 millones. Parte del dinero habría terminado en manos de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, quienes presuntamente recibieron $4.000 millones para apoyar las reformas pensional y de salud impulsadas por el gobierno.

Además de la condena, López Rosero fue sancionado con una multa de 7.948 salarios mínimos e inhabilitación indefinida para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

Este caso revela uno de los desfalcos más graves a los recursos públicos destinados a la atención de emergencias humanitarias en Colombia, y marca un hito en la investigación del entramado corrupto que penetró la Ungrd hasta sus niveles más altos.