Escrito por Sobre eel asesinato de líder indígena Luis Aurelio Araujo y sus escoltas, el grupo armado ELN niega cualquier responsabilidad y acusa al gobierno de encubrir a responsables vinculados con procesos de desmovilización.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) acusó a la disidencia Comuneros del Sur, dirigida por Gabriel Yepes Mejía, alias HH, de ser la responsable del asesinato del líder indígena Luis Aurelio Araujo Hernández y sus escoltas Jesús Albeiro Chávez y Jackson Solarte, ocurrido el pasado 3 de junio en la vereda Cuaiquer Viejo, zona rural del municipio de Ricaurte.
A través de un comunicado, el Frente de Guerra Suroccidental y el comandante del ELN, Antonio García, rechazaron los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien inicialmente atribuyó el crimen al ELN. El grupo insurgente aseguró no tener presencia en esa zona y afirmó que la banda de HH –vinculada al narcotráfico y en proceso de desmovilización con el Gobierno– opera y controla el territorio donde se cometió la masacre.
Según la versión del ELN, el grupo de HH habría interceptado al dirigente de CAMAWARI y a sus escoltas mientras se movilizaban en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), les disparó múltiples veces y posteriormente incineró los cuerpos.
Alias HH, quien enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos por narcotráfico, lidera las disidencias Comuneros del Sur, señaladas por el ELN de actuar en alianza con estructuras paramilitares y de estar protegidas por el Estado como parte de un proceso que busca mostrar resultados en la política de “paz total”.
El grupo armado denunció que tanto el presidente Petro como el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, estarían “legalizando” grupos armados para mostrar avances en los diálogos, pese a sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
El asesinato de Araujo Hernández se suma a una serie de ataques recientes contra líderes sociales e indígenas en Nariño. Según Indepaz, desde 2016 han sido asesinados 1.778 líderes y lideresas sociales en Colombia, de los cuales 74 corresponden solo a lo que va de 2025. Organizaciones sociales y comunidades locales han denunciado la disputa territorial entre disidencias, grupos paramilitares y redes criminales por el control de rutas del narcotráfico y zonas mineras, en medio de una situación de creciente violencia e impunidad.