Escrito por En menos de 48 horas, Pasto ha vivido una serie de alarmas explosivas que, aunque controladas a tiempo, han sembrado un clima de zozobra profunda. Tres motocicletas con artefactos explosivos fueron detectadas y neutralizadas en puntos neurálgicos de la ciudad, el centro administrativo, zonas residenciales y el acceso sur. Las autoridades, con prontitud, evacuaron y reforzaron la presencia militar, pero el interrogante más grave persiste: ¿quién está detrás de estos hechos y por qué?.
La incertidumbre no es solo táctica, es también política. En una región históricamente castigada por la exclusión y la violencia, el miedo vuelve a instalarse como recurso para desarticular el tejido social. Y lo más alarmante, ni la comunidad ni las instituciones saben con certeza a qué actor se enfrentan. ¿Disidencias? ¿Crimen organizado? ¿Sabotaje político? ¿Un ataque contra el gobierno nacional?
El sur de Colombia ha sido escenario de disputas territoriales, operaciones ilegales y abandono institucional. Pero este nuevo ciclo de amenazas no puede leerse únicamente desde la criminalidad. Hay un uso político del miedo que busca generar desconfianza, parálisis social y, sobre todo, crear un clima adverso al actual gobierno nacional, al que múltiples sectores—legales e ilegales—le tienen declarada la guerra. No saber quién atenta, pero sí a quién beneficia el caos, es una de las alertas más peligrosas para la democracia.
Frente a esto, urge una respuesta que no se limite a los retenes y policías en las esquinas. Se necesita una política de seguridad democrática real, basada en inteligencia, participación ciudadana y el abordaje estructural de los conflictos.
Desde una perspectiva de justicia social, este medio reafirma que la seguridad es un derecho, no una excusa para restringir libertades ni para justificar la omisión del Estado en territorios históricamente olvidados. La única manera de derrotar el miedo es empoderando a la sociedad, protegiendo a los más vulnerables y desactivando no solo explosivos, sino intereses que los hacen posibles.
No dejemos que conviertan a Pasto en otro laboratorio de guerra psicológica. Necesitamos verdad, garantías y presencia estatal. Porque una ciudad sin miedo es una ciudad con derechos. Y eso, hoy más que nunca, debe defenderse.