Escrito por El presidente anunció que solo derogará la consulta si el Congreso aprueba la reforma con los mínimos del gobierno. La votación se realizaría el 7 de agosto, mientras la oposición ya prepara demandas jurídicas.
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca oficialmente a una consulta popular sobre la reforma laboral. La medida, que ha generado reacciones inmediatas en el Congreso y en la opinión pública, se presenta como un mecanismo alternativo frente a la resistencia legislativa que ha enfrentado la propuesta del gobierno.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, son respondidos positivamente por el Congreso”, señaló Petro. El documento ya fue remitido a la Corte Constitucional para su estudio.
El gobierno fijó la fecha del 7 de agosto para que los colombianos acudan a las urnas, en caso de que el Senado no apruebe la reforma laboral con los contenidos exigidos por el oficialismo. Según explicó el ministro del Interior, Armando Benedetti, la consulta sería retirada si se alcanza una concertación legislativa real, no como “una imposición”, recalcó.
Esta jugada política ocurre justo antes del cuarto y definitivo debate de la reforma laboral en la plenaria del Senado, y en un momento crítico para el gobierno, marcado por el atentado al senador Miguel Uribe —quien permanece en cuidados intensivos— y varios ataques armados en el suroccidente del país que han dejado al menos seis personas muertas. O sea en medio de una serie de acciones para la desestabilización del país,
La oposición ya anunció que demandará el decreto ante el Consejo de Estado, argumentando que el gobierno estaría violando la Constitución al desconocer el hundimiento de la iniciativa en el Senado el pasado 14 de mayo, cuando fue rechazada por una estrecha votación de 49 contra 47.
Pese a las controversias, el presidente insiste en que la consulta representa una vía legítima para que el pueblo se pronuncie directamente sobre los temas que afectan sus derechos laborales. La apuesta del ejecutivo ahora está en manos del Congreso y, eventualmente, de la ciudadanía.