Escrito por Denuncia contra Hubert Agudelo en manos de Procuraduría
Por posible conflicto de intereses al interior de la coordinación departamental de Nariño, bajo la dirección de Hubert Agudelo Satizábal. El documento denuncia que Agudelo, en su rol actual, toma decisiones directas sobre contratos que vinculan a Proinsalud, empresa en la que trabajó como subgerente de salud hasta agosto del año anterior.
Según la certificación adjunta a la queja, Agudelo laboró en Proinsalud desde el 29 de enero hasta el 16 de agosto de 2024. Apenas cinco meses después, fue designado como Coordinador Departamental del FOMAG en Nariño. Desde ese cargo, participa en la supervisión, evaluación, negociación y ejecución de al menos tres contratos vigentes entre el Fondo Nacional del Magisterio y la empresa en la que se desempeñó.
Estos contratos incluyen ser- vicios de salud en modalidad ambulatoria y hospitalaria, así como la entrega de medicamentos para docentes y pensionados del sector educativo en Nariño.
Fundamento legal de la denuncia
La queja se apoya en los artículos 11 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo) y 44 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), que establecen con claridad que:
“Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su socio o socios de hecho o de derecho”.
La ley también prevé la posibilidad de recusación cuando se haya tenido conocimiento directo del asunto en oportunidad anterior, o cuando se haya actuado como apoderado, dependiente o administrador de una de las partes interesadas.
¿Por qué es grave este caso?
Porque se trata de decisiones que afectan la salud de miles de maestros y pensionados.
Porque existe un riesgo real de que las decisiones se estén tomando con sesgos personales o empresariales, contrariando los principios de transparencia e imparcialidad que exige la función pública.
¿Qué piden?
Analizar con urgencia la situación de posible conflicto de intereses.
Tomar medidas que garanticen imparcialidad y objetividad en todas las decisiones contractuales que involucran a Proinsalud.
Asegurar que los procesos futuros de selección y supervisión se ajusten a los principios constitucionales de transparencia y equidad.
Si el FOMAG y el Gobierno Nacional desean garantizar que este modelo no repita los vicios, deben actuar con firmeza ante cualquier indicio de cooptación institucional o conflicto de intereses.
Permitir que decisiones vitales para la salud de los docentes se tomen bajo la sombra de inte- reses personales de los funcionarios públicos es no solo un error ético, sino una amenaza directa a la confianza pública en la reforma.
El modelo de salud del magisterio
Falta de claridad territorial
La incertidumbre rondada al gremio docente en la implementación del nuevo modelo de salud. Persisten serias dudas sobre la forma en que se están comprometiendo los recursos, la equidad en la distribución territorial y el verdadero alcance de las medidas anunciadas.
Se están movilizando recursos en la reorganización de la red de prestadores, ampliando convenios y autorizando nuevas contrataciones. No obstante, no se especifican montos, ni se ofrece un desglose regional que permita hacer seguimiento riguroso al uso de esos recursos.
En medio del rediseño, la Fiduprevisora —administradora financiera del FOMAG— ha suscrito contratos con distintas IPS, garantizando la continuidad en algunas zonas y promoviendo nuevas alianzas en otras. Lo paradójico es que mientras se habla de “nuevas entidades” y “mayor cobertura”, no hay un informe que permita a los maestros conocer con certeza a qué presta- dores pueden acudir por municipio, ni qué servicios están realmente habilitados.
Represamientos y urgencias
Otro de los puntos críticos tiene que ver con la atención de urgencias y represamientos de servicios. Todos los casos urgentes deben ser atendidos sin trabas y las IPS deben hacerlo si el paciente se identifica como afiliado al magisterio. Sin embargo, la ausencia de una trazabilidad clara genera inseguridad y barreras de acceso.
Las promesas de priorización para procedimientos represados y atención especializada no vienen acompañadas de un cronograma ni de lineamientos para el seguimiento ciudadano.
El FOMAG debe servir para democratizar el acceso a la salud del magisterio, no para el favorecimiento a determinados contratistas. La democratización, la libre escogencia del prestador, solo será real si se garantiza transparencia total en la ejecución de recursos, control social sobre las IPS contratadas y atención diferencial.
Hasta hoy, lo que existe es anuncios, pero sin los informes, cifras y mapas que demuestren cómo se materializa la inversión prometida. En este contexto, el manejo administrativo se convierte en ruido político.
El magisterio colombiano tiene derecho a saber no solo que hay un nuevo modelo
de salud, sino qué contiene, cuánto cuesta, quién lo presta y en qué condiciones se está ejecutando. La transparencia no puede ser un apéndice del modelo. Debe ser su columna vertebral.