Escrito por El fallo responde a una tutela presentada por la senadora María José Pizarro, en la que se alegan irregularidades en el proceso legislativo de la consulta.
Una decisión judicial reciente ha ordenado al Senado de la República repetir la votación de una consulta popular que fue declarada archivada el pasado 14 de mayo. El fallo se da tras la presentación de una acción de tutela por parte de la senadora María José Pizarro, quien denunció que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, incurrió en irregularidades durante el trámite de la apelación de dicha consulta.
De acuerdo con la senadora, el presidente del Senado superó el límite legal de 30 días para resolver la apelación presentada por la también senadora Isabel Zuleta, lo cual impide que la iniciativa se dé por archivada de forma válida. Esta situación motivó la intervención del poder judicial, que concluyó que se vulneraron derechos fundamentales relacionados con la participación ciudadana y el debido proceso parlamentario.
El fallo, que ha sido divulgado por distintos medios legislativos, establece que el Senado debe realizar nuevamente la votación dentro de un plazo de 48 horas, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad del procedimiento. Además, la decisión judicial recalca que los mecanismos de participación ciudadana, como las consultas populares, deben tramitarse conforme a lo estipulado en la Ley Quinta del Congreso.
En días previos, surgieron declaraciones del representante Andrés Forero en las que afirmaba que la consulta ya había sido negada en votación. Sin embargo, María José Pizarro aclaró públicamente que dicha votación correspondía a una apelación sobre una decisión del presidente del Senado, y no a la consulta en sí. La senadora también utilizó sus redes sociales para invitar al representante a revisar los procedimientos legislativos antes de emitir comentarios sobre el tema.
La sentencia marca un precedente dentro del proceso legislativo colombiano, recordando la importancia de respetar los tiempos y formas establecidos por la ley para garantizar el adecuado funcionamiento del Congreso y la efectiva participación democrática.