Escrito por El anuncio marca el cierre del quinto ciclo de negociaciones entre el gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con acompañamiento internacional y participación de comunidades indígenas.
Tras casi un año de negociaciones, el gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una de las principales disidencias de las FARC, acordaron este domingo la creación de zonas de ubicación temporal para 120 miembros de ese grupo armado en los departamentos de Nariño y Putumayo. La decisión fue firmada en el resguardo indígena Inda Zabaleta, en Tumaco, durante el cierre del quinto ciclo de diálogos de paz, en presencia de delegados de Venezuela, Suiza y Noruega, países garantes del proceso.
Armando Novoa, jefe del equipo negociador del gobierno, reconoció que el camino ha estado lleno de tensiones, pero celebró que “la voluntad de paz” haya prevalecido frente a los desafíos.
Uno de los momentos más críticos del proceso se vivió en febrero, cuando Andrés Rojas, alias ‘Araña’, negociador de la CNEB, fue capturado al finalizar un ciclo de conversaciones en Bogotá, pese a contar con suspensión de orden de captura en el marco del diálogo. Rojas es requerido por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
“Ese hecho significó una grave pérdida de confianza y evidenció las fallas del Estado colombiano para actuar con coherencia frente al propósito de la paz”, afirmó Novoa, quien subrayó que la mesa de diálogos continúa su labor en un clima de alta polarización política y falta de un propósito nacional común.
Por su parte, el jefe negociador del CNEB, José Vicente Lesmes, conocido como ‘Walter Mendoza’, también reconoció que el proceso ha atravesado rupturas de confianza, pero reiteró el compromiso de su organización con la construcción de un acuerdo sólido. “Necesitamos que el Estado cumpla, que no se repita lo de 2016”, dijo Mendoza, quien fue firmante del acuerdo de paz original con las FARC, pero luego se apartó al considerar que el Estado no respetó lo pactado.
El nuevo entendimiento contempla que las zonas de ubicación en el sur del país sean espacios de verificación y avance del proceso de paz con presencia de comunidades, especialmente indígenas y afrodescendientes, a quienes Mendoza reconoció como actores fundamentales para lograr una paz real y sostenible.
El acuerdo también incluye el compromiso de fortalecer la participación ciudadana en el diseño de los siguientes pasos del proceso, y será elevado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, como parte de la ruta hacia un eventual acuerdo final.
Mientras tanto, persisten las tensiones jurídicas en torno a los miembros de la disidencia requeridos por tribunales internacionales, en un entorno donde el Estado aún busca equilibrar el cumplimiento de compromisos de paz con obligaciones legales externas.
La mesa de diálogo continúa su curso, con el respaldo de la comunidad internacional y la mirada crítica de sectores que exigen garantías de cumplimiento por parte de ambos lados.