Escrito por El alto funcionario deberá responder por su supuesta intervención en el nombramiento de una gerente hospitalaria y en la adjudicación de un contrato en el Hospital de Usme.
En medio de un ambiente político tenso por la discusión de la reforma laboral, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, enfrenta desde este lunes una audiencia de acusación en la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias continuado, dentro de un caso que lo vincula al escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.
La diligencia se adelanta ante el magistrado Jorge Emilio Caldas, quien la semana pasada negó una solicitud de aplazamiento presentada por la Fiscalía. Se señaló que Sanguino habría utilizado su influencia como concejal de Bogotá en 2008 para favorecer a personas cercanas en cargos estratégicos y procesos contractuales.
De acuerdo con el expediente, el entonces concejal habría gestionado el nombramiento de Liliana Patricia Paternina como gerente del Hospital de Usme, cargo que obtuvo por designación del exalcalde Samuel Moreno.
Sanguino ha sido enfático en que no incurrió en ninguna conducta ilegal. Su abogado, Jaime Lombana, ha cuestionado la legalidad del proceso y afirma que la imputación carece de base, señalando incluso que “no se ha imputado cohecho ni ningún delito en materia de contratación”. Lombana calificó como errónea la figura de delito continuado utilizada por la Fiscalía y destacó el pasado del ministro como “líder de la izquierda honesta”.
El proceso se desarrolla en paralelo con el avance el tercer debate de la polémica reforma laboral, proyecto que cuenta con la oposición del presidente Gustavo Petro y que ha generado divisiones incluso dentro del Pacto Histórico.
Aunque la Fiscalía insiste en que hay pruebas suficientes para avanzar hacia juicio, la defensa de Sanguino mantiene su postura de inocencia y denuncia motivaciones políticas. La Corte Suprema será la encargada de definir si el caso pasa a etapa de juicio formal o si se cae por falta de sustento jurídico.