Escrito por El rapto del niño de 11 años en Jamundí no fue un caso común. Fuentes de alto nivel confirman que fue ordenado por el capo Diego Rastrojo como parte de una deuda millonaria entre narcos. La operación falló, pero desató una tensión inédita en el crimen organizado del suroccidente colombiano.
El pasado 3 de mayo, el secuestro de Lyan José Hortúa Bonilla estremeció a Jamundí, Valle del Cauca, y puso en alerta a las autoridades nacionales. Lo que parecía un caso más de violencia en esta conflictiva región del país pronto reveló una trama más profunda, tejida en las entrañas del narcotráfico colombiano. De acuerdo con múltiples fuentes consultadas por la revista SEMANA, entre ellas altos mandos de la Policía Nacional y representantes de organismos de derechos humanos, la razón detrás del rapto habría sido una vieja deuda que involucra al capo narco Diego Rastrojo.
El objetivo inicial era capturar a Angie Bonilla o a Jorsuar Suárez, madre y padrastro del menor, respectivamente. Sin embargo, al no encontrarlos, los delincuentes decidieron llevarse al niño. “Todo fue un error”, reconoció posteriormente la estructura armada.
Angie Bonilla, madre del menor, habría administrado bienes del propio Diego Rastrojo y de su expareja sentimental, José Leonardo Hortúa, alias Mascota, fallecido en 2013 y señalado como heredero criminal del capo. Con la muerte de alias Mascota y la extradición de Rastrojo, esos activos presuntamente desaparecieron, motivando el regreso de los emisarios del capo al Valle para exigir cuentas. La cifra reclamada, más de 37 mil millones de pesos.
Mientras Colombia exigía la liberación de Lyan, y su historia generaba conmoción nacional, personajes influyentes del narcotráfico como alias Alacrán, Guacamayo y Pipe Tuluá —todos hoy en prisión— intentaron mediar para garantizar la vida del niño. “Si le pasa algo al niño, se nos cae la ciudad”, advirtió una fuente cercana a las autoridades.
Durante el cautiverio, la familia logró establecer comunicación con Lyan por videollamadas, e incluso se le permitió el envío de medicamentos. Finalmente, tras negociaciones privadas y sin respaldo estatal, el rescate fue pagado en efectivo: cerca de cuatro mil millones de pesos, según fuentes oficiales.
Días antes, organismos como la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo se habían retirado del proceso al negarse a actuar como intermediarios para el traslado del dinero. La familia, en su desesperación, denunció la falta de apoyo estatal.