El exdirector del Dapre y hombre de confianza del presidente será imputado por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos en el caso que sacude al “gobierno del cambio”. La Fiscalía lo señala como determinador de la red de compra de congresistas para favorecer al Ejecutivo.
En un nuevo golpe para el entorno más cercano del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los más influyentes asesores del mandatario. El poderoso funcionario, cuya cercanía con Petro se remonta a sus años en el M-19, será procesado en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia judicial está programada para este miércoles ante el Tribunal Superior de Bogotá. Si bien se espera que González se conecte virtualmente a la audiencia, su paradero exacto es incierto y, hasta ahora, no se ha presentado voluntariamente ante las autoridades.
Según el comunicado oficial del ente acusador, González será imputado por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Las fiscales del caso sostienen que su rol en la trama no fue marginal, por el contrario, habría sido el determinador del esquema que consistía en comprar el apoyo de congresistas a favor de iniciativas del Ejecutivo, utilizando recursos de la UNGRD.
“El equipo de fiscales que lidera las investigaciones por el entramado de corrupción en la UNGRD acaba de solicitar audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González Merchán”, informó la Fiscalía. El organismo afirma contar con pruebas documentales, declaraciones de testigos y trazabilidad financiera que vinculan directamente al exfuncionario con el desvío de fondos públicos.
González ya había sido mencionado en versiones de testigos como uno de los altos responsables del direccionamiento de contratos desde la UNGRD con fines políticos. Aunque hasta ahora había permanecido fuera del foco procesal directo, el avance de las investigaciones y la presión pública sobre el caso terminaron por ubicarlo en el epicentro de la red de corrupción.
El escándalo de la UNGRD ha sido uno de los más explosivos del actual gobierno, y la solicitud de cárcel para una figura tan cercana a Petro representa un nuevo punto de inflexión. La imputación de Carlos Ramón González, que en su momento también fue considerado para ocupar cargos estratégicos como la dirección de inteligencia o incluso ministerios, se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre el manejo político de los recursos públicos por parte del Ejecutivo.