Escrito por La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, acusa a los 19 ministros del Gobierno de Gustavo Petro de prevaricato y abuso de función pública por firmar la solicitud de una consulta popular sobre las reformas laboral y de salud.
Una tormenta jurídica y política rodea al gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que la senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático, radicara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la totalidad de su gabinete. La acusación señala a los 19 ministros por presuntamente haber incurrido en los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública al firmar la solicitud de una nueva consulta popular sin contar, según la denunciante, con competencia legal para ello.
La consulta popular, radicada en el Senado el 19 de mayo por los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Trabajo, Antonio Sanguino; y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, busca que la ciudadanía decida en las urnas sobre las reformas laboral y al sistema de salud, dos de las apuestas más esperadas por la ciudadanía.
Según la denuncia de Holguín, los ministros violaron el artículo 104 de la Constitución, que establece que la iniciativa para convocar una consulta popular corresponde exclusivamente al presidente de la República. Aunque el ministro Jaramillo firmó en calidad de ministro delegatario, la senadora afirma que los decretos de delegación presidencial (506 y 528 de 2025) no le otorgaban esa facultad específica, por lo que habría actuado de manera irregular.
“El documento firmado por los ministros sería manifiestamente contrario a derecho”, argumentó Holguín, quien también elevó copias de la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, solicitando la apertura de investigaciones disciplinarias por posible extralimitación de funciones.
Esta no es la primera vez que el proyecto de consulta popular del gobierno se enfrenta a obstáculos. La versión anterior fue rechazada por el Congreso, tras críticas de que buscaba posicionar políticamente al Ejecutivo en el marco de una posible campaña reeleccionista. El nuevo intento, radicado el 19 de mayo, ahora se enfrenta no solo al escrutinio legislativo, sino también a un complejo panorama judicial.