Escrito por El Ejecutivo radicó en el Senado una nueva versión de la consulta popular, ahora con 16 preguntas que abordan la reforma laboral y el sistema de salud. El documento, presentado por los ministros del Interior, Trabajo y Salud, amplía el debate en un momento de máxima tensión entre las fuerzas progresistas y los sectores tradicionales del Congreso. La propuesta, que busca ser decidida por el pueblo en las urnas, marca un nuevo capítulo en el intento del presidente Gustavo Petro por sacar adelante sus reformas estructurales a través de mecanismos de participación ciudadana.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro formalizó este 19 de mayo en el Senado de la República una nueva consulta popular con 16 preguntas, una ampliación de la iniciativa original que fue rechazada por esa misma corporación solo seis días antes. La nueva versión mantiene las 12 preguntas laborales del texto anterior y suma cuatro más relacionadas con la reforma al sistema de salud, uno de los ejes centrales del proyecto de transformación del Ejecutivo.
El documento fue radicado por los ministros Armando Benedetti (Interior), Antonio Sanguino (Trabajo) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), quienes aseguraron que se trata de una herramienta legítima para que el pueblo colombiano decida directamente sobre derechos fundamentales que, según el Gobierno, el Congreso ha bloqueado sistemáticamente.
Estas son las 16 preguntas de la nueva consulta popular:
Reforma laboral (preguntas ya conocidas de la versión anterior):
¿Está usted de acuerdo con que toda persona que trabaja tenga derecho a estabilidad laboral?
¿Está de acuerdo con que el despido sin justa causa dé lugar al pago de una indemnización más alta que la actual?
¿Está de acuerdo con que se garantice el pago de recargos nocturnos desde las 6:00 p.m., y de domingos y festivos, sin disminuciones?
¿Está de acuerdo con que los contratos laborales prevalezcan sobre las órdenes de prestación de servicios en empleos permanentes?
¿Está de acuerdo con que el contrato laboral sea la forma general de vinculación en Colombia?
¿Está de acuerdo con que las plataformas digitales reconozcan a sus trabajadores como empleados con derechos laborales?
¿Está de acuerdo con que se garantice la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga sin represalias?
¿Está de acuerdo con que se establezca un salario diferencial por regiones solo si no disminuye el ingreso real del trabajador?
¿Está de acuerdo con que los trabajadores del campo tengan los mismos derechos laborales que los urbanos?
¿Está de acuerdo con que los contratos de aprendizaje y de jóvenes tengan condiciones dignas y protección social?
¿Está de acuerdo con que se proteja de forma efectiva a las trabajadoras domésticas con los mismos derechos del resto de trabajadores?
¿Está de acuerdo con que los trabajadores sean escuchados y tenidos en cuenta en las decisiones que afecten su empleo?
Reforma a la salud (nuevas preguntas añadidas):
¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca medicamentos para garantizar su entrega completa y oportuna a los pacientes?
¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y que la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas?
¿Está de acuerdo con un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con más servicios especializados públicos, privados y mixtos?
¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los trabajadores de la salud vinculación formal, derechos laborales y salarios justos?
El Senado tiene hasta el 17 de junio para decidir si avala esta nueva versión y permite que los colombianos voten directamente en las urnas. Mientras tanto, se mantiene el ambiente de polarización política. Por un lado, el Gobierno insiste en que la consulta es un instrumento de empoderamiento ciudadano. Por otro, juristas y sectores opositores cuestionan la legalidad de insistir en preguntas ya negadas y acusan al Ejecutivo de hacer demagogia y presionar al Congreso por la vía popular.
La movilización social, convocada por las centrales obreras para finales de mayo y junio, será otro factor de presión. El pulso entre las fuerzas progresistas que respaldan al presidente Petro y los sectores tradicionales del Congreso ya está en marcha, con la ciudadanía como actor clave en un debate que puede redefinir el rumbo político del país.
