Intento de secuestro a lideresa social en Túquerres enciende alarmas sobre seguridad de defensores de derechos humanos

Mientras se desarrollan los denominados “diálogos territoriales” en Nariño, organizaciones sociales y sectores políticos han denunciado públicamente un grave hecho ocurrido la noche del 15 de mayo de 2025 en el municipio de Túquerres, al sur del departamento. La víctima fue Mónica Nasner Benavides, reconocida lideresa social, militante y dirigenta del partido Colombia Humana, quien sufrió un intento de secuestro por parte de cuatro hombres armados que irrumpieron en su residencia.

Según el testimonio compartido por su entorno, los agresores descendieron de un vehículo entre las 11:00 p.m. y la medianoche, ingresaron al patio de su vivienda en el barrio El Partidero e intentaron forzarla violentamente a subir a una camioneta, apuntándole en la cabeza y agrediéndola verbal y físicamente. Un joven estudiante de la Universidad de Nariño que se encontraba en el lugar pidió auxilio y logró frustrar el secuestro.

Paradójicamente, y según se ha informado, al momento de los hechos la zona estaba siendo patrullada por la Policía, sin que se reportaran novedades. Pese a los esfuerzos por interponer la denuncia ante la Fiscalía y la Personería, no ha sido posible formalizarla por falta de garantías, dice el comunicado de Colombia Humana, y no se han adoptado medidas de protección para la víctima. Desde entonces, Nasner se encuentra en estado de vulnerabilidad y sin respaldo estatal efectivo.

Mónica Nasner es una figura destacada en el movimiento social y político del suroccidente colombiano, ha sido coordinadora municipal de Colombia Humana, delegada nacional ante su asamblea, lideresa estudiantil de la Universidad de Nariño y miembro de la dirección del Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), además de activista ambiental y promotora deportiva.

Organizaciones sociales, colectivos estudiantiles y defensores de derechos humanos han exigido al Estado colombiano, a la Gobernación de Nariño y a las autoridades municipales y judiciales que se garantice la protección de su vida, integridad y labor como defensora de derechos humanos. También demandan el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

La denuncia pública concluye con un llamado urgente a organismos nacionales e internacionales a mantenerse alertas frente a la grave situación de seguridad que atraviesa el departamento, en el que, como en otras regiones del país, se evidencia una preocupante reconfiguración del control armado y una falta estructural de garantías para el liderazgo social.