Escándalo por corrupción en la Ungrd sacude al Congreso

La captura del expresidente del Senado, Iván Name, y del expresidente de la Cámara, Andrés Calle, por orden de la Corte Suprema de Justicia, ha desencadenado un efecto dominó en la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), considerada ya como la mayor crisis judicial y política del gobierno de Gustavo Petro.

El caso, originado en la millonaria contratación de carrotanques para La Guajira durante la emergencia por El Niño, ha escalado rápidamente desde denuncias ciudadanas hasta salpicar a altos dirigentes del Congreso, exministros y exfuncionarios del Ejecutivo. Según la Fiscalía, los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, admitieron haber entregado dineros y contratos a congresistas a cambio de su respaldo a las reformas sociales del Gobierno.

Pinilla, en calidad de testigo protegido, relató que entregó $1.000 millones en efectivo a Andrés Calle y $3.000 millones a Iván Name, en una supuesta operación de “aceitado” legislativo. La exconsejera presidencial Sandra Ortiz habría sido la intermediaria en uno de los casos, hecho que ella niega. Los tres se encuentran hoy bajo medida de aseguramiento.

Además de Name y Calle, la Corte abrió investigación a otros cinco congresistas y un excongresista: Liliana Bitar (Conservador), Juan Gallo Maya (Liberal), Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Muñoz Cabrera. Estos legisladores integraban la Comisión de Crédito Público, donde se habrían aprobado contratos por más de $92.000 millones para facilitar la aprobación de empréstitos internacionales.

A ellos se suma la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico), también bajo indagación por supuestamente haber pedido contratos en la Ungrd. La Sala de Instrucción de la Corte decidirá en los próximos días si dicta medidas de aseguramiento a estos congresistas o les permite defenderse en libertad.

El escándalo no se detiene ahí. La Fiscalía, por su parte, abrió hace nueve meses una investigación preliminar contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), y contra Carlos González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Según declaraciones de Olmedo López y María Benavides, exasesora de Bonilla, estos altos funcionarios estuvieron al tanto de los pagos ilegales a congresistas para facilitar la aprobación de reformas.

Hasta ahora, no se ha definido la situación jurídica de los tres exfuncionarios, lo que ha generado fuertes críticas por la disparidad en el avance de los procesos entre Corte y Fiscalía. Sin embargo, el proceso judicial podría acelerarse tras las recientes capturas.

La Corte Constitucional entra en escena

La dimensión del escándalo es tal, que la Corte Constitucional solicitó oficialmente a la Corte Suprema y otros entes judiciales los expedientes y declaraciones relacionadas con el caso Ungrd, incluyendo testimonios de López, Pinilla y Sandra Ortiz, para analizar si la reforma pensional aprobada por el Congreso puede considerarse válida, al haber sido eventualmente aprobada bajo influencias corruptas.

De comprobarse que la reforma fue “contaminada” por estos hechos, el alto tribunal podría tumbarla, lo que supondría un golpe devastador para el proyecto político del presidente Petro.

El coletazo también se siente en el plano electoral. Tanto Iván Name como Andrés Calle eran figuras claves para las listas al Congreso en 2026. Hoy, sus aspiraciones están canceladas y otros congresistas, como Liliana Bitar o Juan Gallo, también podrían quedar fuera del ruedo político.

¿Viene un escándalo aún mayor?

Con versiones que indican que al menos 15 congresistas podrían estar implicados, y con posibles nuevas delaciones a cambio de beneficios judiciales, el caso amenaza con convertirse en un “monstruo de mil cabezas” que puede impactar directamente las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Lo que comenzó con carrotanques inmóviles en Uribia, podría terminar desmoronando pilares del actual Gobierno.