Iván Name y Andrés Calle se declaran inocentes y denuncian “complot criminal” en su contra ante la Corte Suprema

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reveló los argumentos con los que los congresistas Iván Name y Andrés Calle intentaron desvirtuar los señalamientos que los vinculan con una presunta red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos legisladores fueron privados de la libertad por decisión del alto tribunal, señalados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

En su declaración del 25 de noviembre de 2024, el senador Iván Name negó conocer previamente al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y afirmó que su único contacto con él fue fortuito, durante una reunión programada con la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, a quien se refirió como “mi amiga”. Aseguró que el encuentro fue breve y no planeado: “Nunca tuve previsto la asistencia del señor Olmedo López”, sostuvo.

El ex presidente del Senado denunció la existencia de una “banda criminal” compuesta por abogados y delincuentes confesos que habrían armado un relato falso para incriminarlo, buscando beneficios judiciales bajo el principio de oportunidad. “Soy presentado como parte de un entramado corrupto por quienes buscan reducir sus penas. Me someto plenamente a la justicia para que mi conducta sea sancionada o absuelta”, afirmó.

Por su parte, el representante Andrés Calle, en su declaración del 27 de noviembre, rechazó las acusaciones de haber recibido dinero de la UNGRD para campañas políticas. Afirmó que su única relación con la entidad fue institucional, para gestionar atención a zonas vulnerables de Córdoba, y denunció retaliaciones personales tras citar a Olmedo López a un debate de control político. “Fue a partir de ese debate que comenzó una campaña de desprestigio en mi contra”, explicó.

Calle también afirmó que su padre, alcalde de Montelíbano, fue excluido intencionalmente de programas de asistencia por parte de la UNGRD, como parte de esa presunta retaliación. En cuanto al contratista Sneyder Pinilla, el congresista negó haberlo recibido en su apartamento, aunque reconoció haber compartido su ubicación por WhatsApp. “Pinilla nunca ingresó a mi residencia”, insistió.

Ambos congresistas coincidieron en señalar que son víctimas de una operación orquestada por personas que ya han admitido su participación en actos delictivos y que ahora buscan reducir sus penas con testimonios que, según ellos, carecen de sustento. También alertaron sobre supuestos conflictos de interés en el entorno jurídico de los declarantes, al insinuar nexos con sectores políticos del Caribe colombiano.

Mientras la Corte Suprema avanza en el análisis de las pruebas, el caso se consolida como uno de los escándalos más delicados del actual periodo legislativo, con implicaciones políticas de alto nivel y un impacto profundo en la imagen del Congreso.