El exsenador Álvaro García Romero, condenado a 40 años por su papel en la masacre de 12 campesinos en los Montes de María y procesado por el desplazamiento forzado de miles más, asegura que su situación judicial es responsabilidad de Gustavo Petro. La Corte Suprema avanza en el juicio mientras García despliega una estrategia jurídica sin precedentes.
Álvaro García, conocido como el ‘Gordo’ García y condenado desde 2010 por su responsabilidad en la masacre de Macayepo, intenta reescribir su historia judicial. Ahora, en un nuevo juicio por el desplazamiento forzado de más de 4.000 campesinos, señala al presidente Gustavo Petro como el origen de su condena y de lo que él llama una “persecución política”.
Según García, fue un debate de control político que realizó Petro en 2005 —cuando era representante a la Cámara— el que “dio origen a todo” el proceso. En ese entonces, el hoy presidente denunció la participación de García en la reunión de las Canarias, en la que, con la presencia de paramilitares como Salvatore Mancuso y testimonios de alias ‘Pitirri’ (Jairo Castillo Peralta), se habría gestado la consolidación del poder paramilitar en Sucre y Bolívar.
Aunque en su sentencia de 2010 la Corte Suprema no menciona a Petro, García insiste en que su condena se basó en las afirmaciones hechas por el entonces congresista. En audiencias recientes, ha dicho que Petro es “testigo de oídas” y que la Corte “le creyó una mentira” sustentada en un “testigo mitómano”. En una carta enviada el 7 de mayo a la Corte Suprema, reiteró que “todas sus desgracias jurídicas” derivan de ese debate.
Sin embargo, la Sala de Primera Instancia sostiene que García no solo financió, sino que también articuló políticamente el brazo de las Autodefensas Unidas de Colombia en los Montes de María, y que la masacre de Macayepo buscó consolidar el control paramilitar sobre la región. El juicio actual, iniciado en julio de 2024, podría aumentar su condena hasta 60 años de prisión.
La estrategia de García ocurre en un momento judicial clave. Aunque había logrado una libertad condicional tras cumplir dos terceras partes de su pena, el nuevo proceso impidió que pudiera salir de prisión. La Corte también le reconoció el beneficio de que, si resulta culpable en este nuevo juicio, la pena no podrá superar el umbral que establece la ley 890 de 2004.
Petro es “testigo de oídas” y que la Corte “le creyó una mentira” sustentada en un “testigo mitómano”
Mientras tanto, el presidente Petro ha reafirmado sus denuncias históricas. En julio de 2023, durante un acto público, lo acusó directamente de haber consolidado su poder a través del asesinato de opositores, fiscales y campesinos. “Me gustaría que saliera y jugara con sus nietos, pero la justicia dice que no puede porque fue un masacrador de su pueblo”, sentenció.
El juicio contra García continúa, con la posibilidad de que se abran nuevas líneas testimoniales. Más allá del intento del exsenador de desviar la atención hacia la figura del presidente, lo que está en juego es la responsabilidad judicial sobre crímenes atroces en una de las zonas más golpeadas por el paramilitarismo en Colombia.
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