Paloma Valencia denuncia presuntas irregularidades en contratación de Colpensiones por $146 mil millones
La senadora Paloma Valencia reveló documentos sobre la vinculación de más de mil trabajadores externos mediante empresas temporales, cuestionando el uso de recursos pensionales en pleno año electoral.
La administración de Colpensiones se encuentra bajo el escrutinio público tras la denuncia presentada por la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, quien señala un posible detrimento patrimonial y fines electorales en la contratación de personal misional. Según los documentos extraídos del sistema de contratación estatal SECOP, la entidad habría comprometido recursos superiores a los $146.449 millones para la vinculación de trabajadores a través de terceros entre marzo de 2025 y junio de 2026.
El eje de la controversia radica en la modalidad de contratación. La denuncia sostiene que el Gobierno Nacional, a través de la administradora de pensiones, estaría recurriendo a la tercerización laboral masiva mediante la empresa Misión Temporal Limitada. A corte de diciembre de 2025, se reportó la vinculación de 1.051 trabajadores bajo esta figura, distribuidos principalmente en las áreas de operación e inversión del Régimen de Prima Media (RPM) y los Beneficios Económicos Periódicos (Beps).
Para la senadora Valencia, este movimiento administrativo representa un “derroche burocrático” que coincide con el calendario de las elecciones de 2026. La congresista manifestó su preocupación ante la posibilidad de que los ahorros de los trabajadores, fortalecidos por la reciente reforma pensional, se desvíen hacia el pago de nóminas paralelas y publicidad, en lugar de garantizar la sostenibilidad del sistema y la atención eficiente a los pensionados.
Hasta el momento, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos señalamientos ni ha aclarado la necesidad técnica que motivó la vinculación masiva de personal externo. La ciudadanía queda a la espera de una rendición de cuentas clara que garantice que los aportes de millones de colombianos están siendo gestionados bajo principios de austeridad y estricta legalidad.