La crisis del sistema de salud en Colombia ha entrado en un punto crítico luego de que el presidente Gustavo Petro planteara la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en quiebra, una decisión que ha generado amplio debate en el país.

El anuncio se dio en medio de tensiones institucionales, luego de que un tribunal suspendiera el traslado de millones de usuarios entre EPS, medida impulsada por el Gobierno. Frente a este escenario, el mandatario aseguró que las entidades financieramente inviables deberían ser liquidadas, argumentando que no existen alternativas para sostenerlas.

Desde el punto de vista legal, el Ejecutivo tendría la facultad de avanzar en estas liquidaciones a través de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, expertos del sector han advertido que la situación es compleja debido al deterioro financiero del sistema. Según análisis del sector, varias EPS intervenidas acumulan un patrimonio negativo cercano a los $14 billones, lo que dificulta su recuperación sin inversión externa.

Uno de los principales riesgos señalados es la capacidad operativa del sistema. Actualmente, no existirían suficientes entidades sólidas que puedan asumir la atención de más de 23 millones de afiliados pertenecientes a EPS en crisis, lo que podría generar fallas en la prestación de servicios.

Diversos actores del sector salud, incluidos gremios, académicos y organizaciones de pacientes, han advertido que una liquidación masiva podría agravar la crisis, afectar la continuidad de tratamientos y poner en riesgo a millones de usuarios, además de aumentar la presión sobre hospitales y clínicas.

El debate se da en medio de una coyuntura marcada por problemas financieros, retrasos en pagos y dificultades en la entrega de medicamentos, lo que ha evidenciado fallas estructurales en el sistema y ha intensificado el llamado a una reforma profunda del modelo de salud en Colombia.

Redacción

Victoria Ricaurte