La desconexión total del sistema eléctrico nacional deja a casi 10 millones de personas sin servicios básicos, agravando una crisis social marcada por el desabastecimiento por decisión de Estados Unidos.

Cuba enfrenta una de sus situciones más críticas tras confirmarse este lunes la caída total de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Según informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), el país se encuentra en un estado de “generación cero”, lo que mantiene en la oscuridad a cerca de 10 millones de habitantes. Este evento no es un hecho aislado, es el ataque imperial a una infraestructura fundamental para la vida digna y el desarrollo del pueblo cubano.

El impacto de este apagón recae directamente sobre el pueblo. Sin electricidad, se detiene la cadena de refrigeración de los pocos alimentos disponibles, se interrumpe el suministro de agua y se paralizan las actividades educativas y laborales. El Ministerio de Energía y Minas ha activado protocolos de recuperación, pero advierten que el proceso es complejo y podría extenderse durante días, dada la obsolescencia de las centrales termoeléctricas de tecnología soviética que aún sostienen el sistema.

Las raíces del apagón: Sanciones y dependencia

Cuba depende en un 80% de combustibles fósiles para generar energía, y la actual asfixia económica impuesta por Estados Unidos ha dificultado enormemente la importación de petróleo. La reciente amenaza de Washington de imponer aranceles a los países que suministran combustible a la isla ha limitado el margen de maniobra del gobierno cubano, afectando la estabilidad de un sistema que ya opera al límite de su capacidad.

Esta situación de precariedad energética ha sido el detonante de un creciente malestar social. En las últimas semanas, se han registrado manifestaciones y cacerolazos en distintos puntos. Es fundamental señalar que estas expresiones de descontento surgen de una necesidad material desesperada. Hasta el momento, se reportan cinco personas detenidas en los incidentes recientes; desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado debe garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia para estos ciudadanos, evitando la criminalización de la protesta social que nace del hambre y la falta de servicios básicos.

Un giro hacia la apertura económica

En medio de la parálisis energética, el gobierno cubano tiene previsto anunciar una medida de apertura económica sin precedentes. Se permitirá a los cubanos residentes en el exterior invertir o ser propietarios de empresas en la isla sin necesidad de residir en ella. Este paso busca atraer capital para intentar reanimar una economía que ha perdido el 15% de su PIB desde la pandemia y que ha visto emigrar al 20% de su población, principalmente jóvenes que buscan el futuro que hoy su tierra no les puede ofrecer.

La crisis eléctrica en Cuba es el reflejo de una nación que lucha por su soberanía en un entorno de hostilidad internacional.

Redacción

Victoria Ricaurte