Cuando la geopolítica castiga al pueblo
El puente internacional de Rumichaca, cordón umbilical que por décadas ha unido la esperanza y el sustento de miles de familias en la frontera colombo-ecuatoriana, hoy luce como una muestra del fracaso diplomático.
Camiones detenidos, bodegas silenciosas y el rostro de incertidumbre de transportadores que llevan días pernoctando sobre el asfalto son la estampa de una crisis que escaló de los despachos presidenciales a la mesa de los más humildes. Mientras en Quito y Bogotá se lanzan decretos como proyectiles, en la frontera se respira el aire denso de quien sabe que su derecho al trabajo ha sido tomado como rehén.
La decisión del gobierno de Daniel Noboa de elevar al 50% los aranceles a productos colombianos —bajo la cuestionable bandera de la “seguridad nacional”—, ha desatado una guerra comercial que no es otra cosa que un atentado contra la integración regional.
La falacia de la seguridad como barrera comercial
Resulta alarmante que se utilice el drama del narcotráfico y la inseguridad fronteriza como moneda de cambio para imponer medidas proteccionistas que violan los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN). Argumentar que asfixiar el comercio legal de medicamentos, energía y alimentos es una “acción soberana” para frenar al crimen organizado es, por decir lo menos, un contrasentido peligroso.
El crimen transnacional no paga aranceles; quienes los pagan son las 580 empresas ecuatorianas en riesgo y los miles de trabajadores colombianos cuyos empleos dependen de que un camión cruce una línea imaginaria.
Esta escalada no es un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de insensibilidad social. Al ignorar el principio de “arancel cero”, los gobiernos están dinamitando una estructura de cooperación que ha costado décadas construir, sacrificando la estabilidad de 200.000 empleos directos en aras de una demostración de fuerza que solo beneficia a las economías ilícitas, las cuales florecen precisamente cuando los canales formales se cierran.
No nos engañemos, esta guerra no la pierden los grandes capitales, que tienen la espalda financiera para triangular sus mercancías. La pierden las mujeres rurales de Nariño y Carchi que comercializan productos agrícolas y ven cómo sus alimentos se pudren en los bloqueos. Los pequeños comerciantes de Ipiales y Tulcán, cuyas economías locales dependen del flujo diario de personas y bienes. El consumidor final, que verá cómo el precio del arroz, el aceite o los medicamentos sube un 50%, no por escasez natural, sino por una decisión política arbitraria.
La verdadera seguridad fronteriza no se logra con muros arancelarios, sino con presencia estatal integral, justicia social y desarrollo compartido.
La salida no es el Tribunal Andino después de que el daño esté hecho, sino una mesa de diálogo que priorice la vida de quienes habitan la frontera por encima de los superávits comerciales. La integración latinoamericana debe ser un proyecto de los pueblos, no un contrato que los gobernantes pueden romper cuando les conviene el rédito político interno.
La frontera debe ser de unidad. Los gobiernos pueden garantizar el libre tránsito del pan y la medicina y proteger la dignidad de su gente.
