Pugnas internas en la Fuerza Pública sacuden la Casa de Nariño

La destitución fulminante del general Edwin Urrego y el coronel Óscar Moreno, basada en un correo anónimo sobre un supuesto sabotaje al vehículo presidencial, despierta alarmas por la falta de pruebas sólidas y posibles retaliaciones políticas.

Lo que inició como una denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un presunto plan para “sembrar” estupefacientes en su caravana oficial, ha derivado en un complejo entramado de versiones encontradas donde la teoría del complot pierde fuerza frente a la tesis de una venganza orquestada desde sectores del mismo Ejecutivo.

La salida del general Edwin Urrego y del coronel Óscar Moreno se ejecutó sin que mediara una investigación disciplinaria formal, un juicio justo o el uso de herramientas de verificación como el polígrafo. Esta celeridad procesal ha generado una profunda preocupación en términos de garantías democráticas. La presunción de inocencia de los uniformados parece haber sido sacrificada ante un informe basado en un correo anónimo recibido en un portal anticorrupción, cuya veracidad es hoy cuestionada incluso por miembros del gabinete.

¿Justicia o represalia política?

El trasfondo de esta crisis apunta a una posible factura cobrada a Urrego por su labor operativa. El oficial fue el responsable del allanamiento a la residencia del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, en el marco de una investigación por presunta corrupción en Barranquilla. Aunque desde la Presidencia se alimentó la idea de un sabotaje, fuentes cercanas al caso sugieren que el malestar de altos funcionarios con las actuaciones judiciales de Urrego pudo haber motivado una campaña de desinformación para inducir al error al primer mandatario.

El exministro de Justicia, Andrés Idárraga, ha sido enfático al señalar que el presidente pudo ser “mal informado de manera intencional” por personas que buscan mantener cuotas de poder a costa de la verdad. Según esta lectura, el uso de la inteligencia estatal podría estar siendo desviado para resolver disputas personales o proteger intereses particulares, alejándose de su misión constitucional de proteger a la ciudadanía y al Estado.