Un panfleto atribuido a la Columna Móvil Urías Rondón de las disidencias de las FARC impone toques de queda y lanza sentencias de muerte contra civiles señalados de colaborar con otros grupos armados, agudizando la crisis humanitaria en el territorio.

La tranquilidad de los habitantes de Ricaurte y sus municipios vecinos se ha visto fracturada por la circulación de un documento intimidatorio fechado el 30 de enero de 2026. En el texto, el grupo armado autodenominado “FARC-EP, Columna Móvil Urías Rondón”, lanza una advertencia directa a las comunidades indígenas y campesinas, señalando con nombres propios y alias a ciudadanos que, según la organización, colaboran con la denominada “Segunda Marquetalia”.

Este tipo de señalamientos, lejos de ser simples advertencias, representan una vulneración gravísima al derecho a la vida y al debido proceso, poniendo en el centro del conflicto a la población civil que habita estas zonas de disputa territorial. El documento advierte que “ajusticiarán” a quienes no se acojan a sus exigencias, utilizando un lenguaje que ignora cualquier marco de derechos humanos y busca ejercer un control social absoluto mediante el terror.

La amenaza no se limita a los individuos nombrados, sino que extiende su presión hacia gremios fundamentales para la economía popular. El grupo armado hace un llamado impositivo a comerciantes, taxistas y operarios de estaciones de servicio para que se abstengan de interactuar o realizar pagos a sus rivales. Además, el panfleto declara un “toque de queda” a partir de las 10:00 p.m., restringiendo la movilidad de los trabajadores y familias, exceptuando únicamente al personal de misiones médicas.

Redacción

Victoria Ricaurte