Nuevo choque entre el Representante y el Gobernador del Pacto Histórico en Nariño

Recursos públicos para minería quedarían sin control ciudadano bajo nuevo modelo mixto que propone el gobernador Luis Alfonso Escobar, denunció el representante Erick Velasco.

La administración departamental de Nariño se encuentra en el centro de un intenso debate que trasciende lo técnico para tocar las fibras de la ética pública y la defensa del patrimonio social. El gobernador Luis Alfonso Escobar ha solicitado a la Asamblea Departamental facultades para crear una sociedad de economía mixta destinada al sector minero, una iniciativa que contaría con un aporte inicial de 3.000 millones de pesos provenientes de los impuestos.

Lo que se presenta como una herramienta de desarrollo ha encendido las alarmas del representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Erick Velasco. El congresista sostiene que entregar recursos del pueblo a una estructura donde no existe claridad sobre los socios ni sobre los mecanismos de vigilancia es un riesgo que el departamento no puede correr.

Para Velasco, este modelo revive el fantasma de los polémicos fondos mixtos, figuras que históricamente se han utilizado para evadir los controles de la contratación pública y facilitar hechos de corrupción.

La preocupación central radica en quiénes serán los beneficiarios reales de este proyecto. Mientras el Gobierno departamental defiende la propuesta como una vía para el ordenamiento minero, las voces críticas señalan que no hay garantías reales para la formalización de los pequeños mineros rurales y artesanales. Al ser una empresa mixta, el control sobre las decisiones y el destino de las ganancias podría quedar en manos de privados, dejando a los trabajadores del campo en una posición de vulnerabilidad frente a los grandes capitales.

Desde una perspectiva democrática, la transparencia es el pilar de cualquier gestión que se pretenda progresista. La crítica de Velasco subraya una ausencia de certezas: nadie sabe hoy quiénes serán los socios privados ni de dónde provendrán sus capitales. Además, al no seguir los protocolos estándar de contratación pública, la empresa operaría en una “zona gris” que limita la capacidad de la ciudadanía y de los organismos de control para vigilar cada peso invertido.

Este choque de visiones se da entre dos figuras del Pacto Histórico, evidenciando que la unidad en los movimientos de gobierno no debe estar por encima de la responsabilidad con el erario. La discusión ahora queda en manos de la Asamblea Departamental, que deberá decidir si avala un modelo de privatización indirecta o si exige la creación de una empresa 100% pública, robusta y transparente que ponga los recursos del subsuelo al servicio genuino de la gente y no de unos pocos inversionistas anónimos.