Tras lograr el saneamiento total del déficit billonario en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el presidente Gustavo Petro confirmó que el país entrará en una fase de rebajas tarifarias. La medida busca devolver estabilidad económica a los hogares tras el esfuerzo fiscal realizado para cubrir la deuda heredada de administraciones anteriores.

Esta decisión, que marca un cambio de rumbo en la política energética reciente, se fundamenta en el éxito del Gobierno para saldar la deuda acumulada con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo que durante años funcionó con un saldo en contra que ponía en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas.

La medida representa un respiro necesario para la clase trabajadora y los sectores populares que han asumido el costo de los incrementos mensuales durante los últimos tres años. Desde que el actual Gobierno asumió el mandato en agosto de 2022, el galón de gasolina pasó de un promedio de 9.300 pesos a los 16.057 pesos registrados a inicios de 2026. Según el mandatario, este sacrificio ciudadano permitió cerrar una brecha fiscal de 72,8 billones de pesos generada, en gran medida, por la decisión del gobierno de Iván Duque de no ajustar los precios durante la pandemia, trasladando una carga impagable al Estado y a Ecopetrol.

En respuesta a las críticas de la oposición sobre el manejo de la deuda pública, el presidente fue enfático al señalar que las recientes operaciones de crédito no tienen como fin el gasto desmedido, sino la sustitución de obligaciones costosas y de corto plazo. Petro explicó que la estrategia de refinanciación, sumada a la apreciación del peso colombiano frente al dólar, ha creado las condiciones óptimas para que el FEPC pase de un déficit crítico a un superávit. Al ser más barata la importación de combustibles por la fortaleza de la moneda local, el beneficio debe trasladarse directamente al consumidor final.

A pesar del optimismo, el Gobierno aclaró que la reducción no será abrupta, sino que responderá a criterios técnicos para evitar que el fondo vuelva a caer en saldos rojos. El objetivo es mantener el equilibrio financiero alcanzado mientras se protege el poder adquisitivo de quienes utilizan el transporte privado y público para sus labores diarias. Ciudades como Villavicencio, Cali y Bogotá, que actualmente reportan las tarifas más altas, serían las principales beneficiadas con este cambio de tendencia.

Redacción

Camila Lopez