17 gobernadores no quieren acatar decreto presidencial

Los mandatarios departamentales alegan que el nuevo gravamen al consumo de licores y tabaco reducirá el recaudo y pondrá en riesgo la inversión social en las regiones. El Gobierno Nacional advierte posibles procesos judiciales por desobediencia y prevaricato.

La implementación de la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta su primer gran obstáculo jurídico y político desde las regiones. Este jueves, 17 gobernadores del país anunciaron que no acatarán el Decreto 1474 de 2025, el cual establece un incremento en el impuesto al consumo de licores y cigarrillos. Los mandatarios argumentan que esta carga tributaria, lejos de fortalecer las finanzas, terminará por asfixiar los presupuestos destinados a derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte de las clases más vulnerables.

La rebelión institucional se gestó en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND) en Bogotá. Allí, gobernador de departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Chocó y el Eje Cafetero, entre otros, acordaron acudir a la figura de la “excepción de inconstitucionalidad”. Esta herramienta jurídica les permitiría inaplicar la norma de manera inmediata mientras la Corte Constitucional emite un fallo definitivo sobre la legalidad de las medidas adoptadas bajo el estado de emergencia.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y su homóloga del Tolima, Adriana Magali Matiz, fueron enfáticas en que defenderán la autonomía territorial consagrada en la Constitución. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la carga tributaria como “abusiva”, señalando que la medida desborda los cauces constitucionales y amenaza la estabilidad financiera de los entes territoriales.

Desde el Ejecutivo, la respuesta no se hizo esperar y el tono fue de confrontación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como un “mal ejemplo” y advirtió que los mandatarios podrían estar incurriendo en el delito de prevaricato al usurpar funciones que le corresponden exclusivamente a la Corte Constitucional. Además, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó que el Gobierno nacional iniciará acciones judiciales contra los gobernadores que se nieguen a cumplir las instrucciones presidenciales.

La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que deberá decidir si el decreto de Petro respeta los límites de la autonomía regional o si, como dicen los gobernadores, pone en riesgo el bienestar de las comunidades.