EE.UU. se retira de 66 organismos multilaterales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organizaciones internacionales. La decisión afecta de manera directa a la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático (UNFCCC) y a la Alianza de Civilizaciones, además de otras 64 entidades que el gobierno estadounidense califica ahora como “inútiles” o “contrarias” a su rentabilidad económica.
Este desmantelamiento de la presencia estadounidense en los foros globales no es solo una cuestión de política exterior, sino un golpe a la seguridad climática de las comunidades más vulnerables. Al abandonar la UNFCCC, Washington se desvincula de los procesos de negociación que dieron origen al Protocolo de Kioto y los Acuerdos de París.
Estos tratados, aunque perfectibles, representan el único marco jurídico global para intentar frenar el calentamiento del planeta, un fenómeno que afecta desproporcionadamente a la clase trabajadora, los agricultores y los sectores populares que no cuentan con los recursos de las grandes corporaciones para adaptarse a los desastres ambientales.
El argumento esgrimido por la Casa Blanca se centra en la supuesta protección de la “fortaleza económica” y la soberanía nacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esta postura al asegurar que dejarán de financiar a quienes llamó “burócratas globalistas”. Sin embargo, bajo esta retórica de ahorro fiscal, se oculta el abandono de espacios dedicados a la defensa de los derechos laborales, la gestión humanitaria de la migración y la promoción de la igualdad. Para la actual administración estadounidense, la búsqueda de la equidad y la diversidad parece ser vista como un obstáculo para un modelo de desarrollo basado exclusivamente en el mérito individual y el poderío militar.
La salida de la Alianza de Civilizaciones resulta igualmente preocupante para la estabilidad democrática. Esta institución, nacida hace dos décadas para fomentar el respeto mutuo y el pluralismo religioso, servía como un puente en un mundo cada vez más polarizado. Al retirarse, Washington renuncia al diálogo como herramienta para prevenir conflictos y se inclina por una política de fuerza, la cual ya se ha manifestado con la reciente intervención militar en Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro, tensando al máximo las relaciones con sus propios aliados internacionales.
En la práctica, este repliegue debilita el concepto de lo público a escala global. Al dar la espalda a comisiones de expertos en derechos humanos y paneles sobre el clima, Estados Unidos deja vacío un espacio fundamental para la construcción de un orden mundial más justo y humano. Lo que la administración actual describe como una defensa de los intereses nacionales, se traduce para el resto del mundo en una pérdida de capital diplomático y un retroceso en la protección de los derechos de las mayorías sociales frente a las crisis globales que no conocen fronteras.
