Justicia agraria: entre el mandato constitucional y el sabotaje legislativo

La paz en Colombia no puede seguir como una promesa abstracta mientras en los territorios la disputa por la tierra y los ingresos se resuelven a sangre y fuego.

El reciente y enérgico llamado de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República para que apruebe con urgencia la ley de jurisdicción agraria y rural no es una sugerencia administrativa; es una alerta sobre el peligroso limbo en el que se encuentra la columna vertebral de la reforma rural integral.Resulta inconcebible que, teniendo ya el respaldo constitucional mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 y el aval de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-340 de 2025, la implementación de la justicia en el campo siga paralizada, por decisión de los políticos en el Congreso de Colombia.Tenemos la cáscara de la institución, pero el Legislativo se niega a darle el contenido necesario para operar.Hoy, la jurisdicción agraria existe en el papel, pero en la práctica no hay un solo juez designado ni un despacho abierto para atender los miles de conflictos sobre linderos, baldíos y formalización de la propiedad que ahogan a la ruralidad.La situación descrita por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y la Defensoría es alarmante: hay un vacío institucional absoluto. Al no existir jueces especializados, los procesos de adjudicación y recuperación de tierras están suspendidos. Esta inacción del Estado deja a los campesinos, a las comunidades étnicas y a las mujeres rurales expuestos al despojo, a la competencia desleal y, lo que es más grave, a la “autoprotección armada”.Como la justicia legal no llega, en Colombia suele llegar con el fusil del actor armado.Sin embargo, lo que ocurre en el Capitolio dista mucho de la responsabilidad que exige el momento histórico. El espectáculo visto recientemente en la Cámara de Representantes, donde las bancadas de oposición —específicamente el uribismo y Cambio Radical— rompieron el quórum para impedir el debate, es una afrenta a las víctimas y al campesinado.Recurrir al ausentismo deliberado para bloquear una ley procedimental, que ya fue aprobada en comisiones conjuntas y que es vital para materializar el Punto 1 del Acuerdo de Paz, demuestra una desconexión total con las urgencias del país nacional.El argumento de que se necesita más discusión pierde peso cuando la estrategia no es el debate, sino el sabotaje. El representante Gabriel Becerra y el gobierno tienen razón al señalar la lentitud exasperante del trámite. No se está pidiendo un cheque en blanco, se está pidiendo la reglamentación de una jurisdicción que ya es norma constitucional.Cada día que el Congreso pierde en maniobras políticas es un día más de incertidumbre para millones de familias que esperan, desde hace décadas, que el Estado les garantice que la tierra que trabajan es suya y que sus derechos serán respetados.La jurisdicción agraria es un acto de justicia elemental con el campo. Mantenerla bloqueada no es hacer oposición al Gobierno de turno; es hacerle oposición a la paz y a la estabilidad jurídica que tanto reclama el sector productivo. El Congreso debe decidir si quiere ser el arquitecto de la solución o el responsable de perpetuar la violencia rural.