Quieren cierren las puertas de la democracia

. La reciente embestida de la Registraduría Nacional del Estado Civil contra candidaturas progresistas como las de Iván Cepeda y Daniel Quintero, no es un simple tecnicismo jurídico; es una maniobra política descarada del establecimiento, para bloquear la vía democrática al progresismo y fragmentar las fuerzas populares de cara a la contienda presidencial de 2026.

Es la enésima demostración de cómo los poderes tradicionales intentan utilizar los aparatos del Estado y las argucias leguleyas para impedir la participación real de las fuerzas contrarias al régimen.

La tesis de que la consulta interna del Pacto Histórico fue “interpartidista” —y no “partidista” como se había acordado y como lo respalda el espíritu del proceso— tiene un único objetivo práctico, sacar a Iván Cepeda de la consulta del Frente Amplio en marzo y obligarlo a ir solo a la primera vuelta. Esto no es más que un intento de dividir el voto popular y de izquierda, facilitando el camino a los sectores de siempre, aquellos que han vivido históricamente del despojo y la agresión.

Se debería recordar, con la memoria viva de las víctimas y la dignidad de quienes luchan, que lo que llevó a Colombia a décadas de violencia fratricida fue, precisamente, la decisión sistemática de cerrar las vías reales de participación política a las fuerzas alternativas y de izquierda. Cuando se niega la posibilidad de debatir en las urnas, cuando se sabotean los procesos democráticos y se persigue a los líderes sociales y políticos, la única respuesta que queda al pueblo es la desesperanza y, trágicamente, la confrontación.

Quienes hoy esgrimen tecnicismos para anular candidaturas progresistas están repitiendo los vicios históricos que niegan la democracia y abonan el terreno para la confrontación, cerrando las puertas a una convivencia basada en la justicia.

No se puede aceptar la lógica formalista y restrictiva de la Registraduría. El Pacto Histórico cuenta con documentos, como el acuerdo inequívoco del 3 de octubre de 2025 firmado con el mismo organismo electoral, que establecía claramente que la consulta del 26 de octubre era para elegir una precandidatura que, posteriormente, participaría en una consulta interpartidista, el Frente Amplio. El argumento de que el carácter es “interpartidista” debido a la postulación de tres colectividades con personería jurídica, echa por tierra el espíritu de la coalición y la búsqueda de un frente amplio de convergencia. El Consejo Nacional Electoral y, en última instancia, el Consejo de Estado, deben hacer prevalecer el derecho sustancial a la participación política sobre el tecnicismo amañado, garantizando la justicia electoral que es pilar de toda democracia verdadera.