Las delegaciones del Gobierno Nacional y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) hicieron un llamado urgente al Congreso de la República para acelerar el trámite del proyecto de ley que establecerá el marco judicial necesario para avanzar hacia el tránsito a la vida civil de los integrantes de ese grupo armado que participan en los diálogos de paz.

El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, advirtió que el país no puede permitir que el proceso de paz se estanque por falta de decisiones legislativas. En declaraciones a Blu Radio señaló que, pese al ambiente electoral, el Congreso tiene la obligación constitucional de legislar:

“El hecho de que haya una campaña electoral en curso no libera a ningún congresista de cumplir con su misión institucional. Ellos fueron elegidos para aprobar leyes y brindar soluciones normativas. Hoy el principal problema del país es lograr la paz y atender las violencias territoriales”, afirmó.

Novoa advirtió que, si el Congreso decide hundir el proyecto, deberá asumir la responsabilidad política ante el país.

Zonas de capacitación en Nariño y Putumayo

Las declaraciones se dieron al cierre de la reunión de las subcomisiones jurídica, de seguridad y de transformaciones del proceso de paz, realizada en Puerto Asís, Putumayo, donde se avanzó en la construcción de los protocolos que permitirán la puesta en marcha de dos zonas de capacitación integral y ubicación temporal en los departamentos de Nariño y Putumayo.

Novoa anunció que habrá una inversión inicial cercana a 3.000 millones de pesos para habilitar estos espacios, y destacó que la presencia del presidente Gustavo Petro en la región es una señal del compromiso del Gobierno con la paz total.

Más de 3.000 personas participaron en el encuentro, lo que fue calificado como un hecho histórico para la región.

Avances y compromisos

Durante la reunión, las delegaciones informaron que avanzan en la consolidación de dos documentos clave:

  • Acuerdo Marco para el establecimiento de las zonas de capacitación integral y ubicación temporal.

  • Protocolo de funcionamiento de estas zonas en Nariño y Putumayo, que incluirá mecanismos de monitoreo, verificación y resolución de controversias.

Por su parte, Walter Mendoza, jefe de la delegación de la CNEB, afirmó que confía en la voluntad del Congreso para aprobar las garantías jurídicas necesarias para continuar el proceso de paz:

“Los tiempos en el Congreso son cortos, pero creemos que hay disposición para sacar adelante el proyecto de ley. No se está negociando nada a espaldas del país”, aseguró.

Mendoza también confirmó que, conforme al acuerdo No. 12 de la Mesa de Diálogos de Paz (MDP) y los decretos 1052 y 1053 del 7 de octubre de 2025, continuará en el departamento de Nariño la destrucción de 14 toneladas de material de guerra como gesto de avance en el proceso.

 

Creditos: Winston Viracachá

Redacción

Dayanna Pabon