La reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro vive un momento decisivo ante la Corte Constitucional, luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente del alto tribunal, presentara una ponencia en la que propone declarar inexequible la ley por presuntos vicios de trámite durante su aprobación.

 De aceptarse este concepto, se detendría una de las iniciativas sociales más relevantes del actual gobierno, con efectos directos sobre millones de trabajadores y trabajadoras que esperan un sistema de jubilación más equitativo y solidario. La propuesta del magistrado Ibáñez se centra en las supuestas irregularidades ocurridas durante el trámite en la Cámara de Representantes, donde se avaló el texto aprobado previamente por el Senado sin reabrir el debate del articulado. Según su análisis, esta decisión habría restringido el derecho de las minorías parlamentarias a deliberar y presentar modificaciones al proyecto. Aunque el planteamiento se sustenta en argumentos jurídicos, el debate también refleja las tensiones políticas que han acompañado las principales reformas del actual gobierno. El proyecto de reforma buscaba reemplazar el modelo pensional vigente, considerado inequitativo por favorecer la concentración de recursos en los fondos privados mientras millones de colombianos llegan a la vejez sin una pensión. La propuesta establecía un sistema basado en pilares solidarios, semicontributivos y contributivos, orientado a garantizar un ingreso digno para las personas mayores y reducir los subsidios regresivos que hoy benefician principalmente a las pensiones más altas. De ser declarada inexequible la ley, el país continuaría bajo el esquema actual, en el que las administradoras privadas mantienen un papel predominante y más de tres millones de adultos mayores permanecen sin acceso a una pensión. La decisión final será debatida por la Sala Plena de la Corte Constitucional a mediados de noviembre, en una discusión que tendrá implicaciones no solo jurídicas, sino también sociales y políticas. El Gobierno Nacional ha insistido en que el trámite legislativo cumplió con los requisitos constitucionales y que las observaciones formuladas por el alto tribunal fueron atendidas. Desde sectores progresistas se advierte que un eventual hundimiento de la norma respondería más a una disputa institucional que a un análisis técnico del procedimiento. En contraste, voceros del Centro Democrático y otros sectores conservadores han celebrado la posibilidad de que la reforma sea archivada, argumentando que defiende la libertad de elección dentro del sistema pensional. El debate sobre la reforma pensional trasciende lo jurídico y pone sobre la mesa dos visiones de país: una que privilegia la gestión privada de los recursos y otra que apuesta por un modelo solidario centrado en la dignidad humana y la justicia social. El resultado de esta discusión marcará no solo el rumbo de las reformas estructurales del gobierno Petro, sino también el futuro del sistema de protección social en Colombia.

Redacción

Dayanna Pabon