Ecuador completa más de tres semanas de protestas nacionales en medio del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa. La crisis social y política estalló tras la eliminación de los subsidios al diésel, medida que ha provocado bloqueos, movilizaciones masivas y denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El conflicto se originó el pasado 12 de septiembre, cuando Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 126, con el cual puso fin a un subsidio estatal al diésel vigente desde 1974. El gobierno sostiene que la eliminación de ese gasto permitirá reducir el déficit fiscal y ahorrar más de 1.100 millones de dólares anuales para destinarlos a inversión social. Sin embargo, la decisión causó un aumento inmediato del 55,5 % en el precio del combustible, lo que desató una oleada de rechazo en amplios sectores de la población.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto con sindicatos y movimientos sociales, lidera las protestas y exige al Ejecutivo retractarse del decreto. Argumentan que el fin de los subsidios golpea directamente a los sectores más vulnerables, encareciendo el transporte, la producción campesina y el costo de vida en general.

Aunque el gobierno de Noboa anunció compensaciones económicas para transportadores y productores, los manifestantes consideran que estas medidas son insuficientes y exigen un diálogo directo con garantías.

Ante la magnitud de las movilizaciones, el Ejecutivo declaró estado de excepción en siete provincias: Carchi, Pichincha, Imbabura, Azuay, Cotopaxi, Bolívar y Santo Domingo. No obstante, el escenario se ha vuelto más tenso con reportes de enfrentamientos, bloqueos viales y operativos militares y policiales.

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador ha registrado al menos 183 vulneraciones a los derechos fundamentales desde el inicio de las protestas, incluyendo detenciones arbitrarias, agresiones físicas y uso excesivo de la fuerza. Organismos sociales y académicos han pedido respeto a la protesta social y han advertido sobre una posible escalada represiva.

Analistas consultados coinciden en que la crisis no es solo económica, sino también política y social. Señalan que la medida de Noboa reavivó el descontento acumulado por la desigualdad y la falta de confianza en las instituciones. Si el gobierno no habilita espacios de negociación efectivos, advierten, el conflicto podría agravar la inestabilidad nacional y debilitar la gobernabilidad del presidente, quien apenas cumple su primer año de mandato.

https://youtube.com/shorts/SIdNdaEBVJU

Redacción

Dayanna Pabon