CNE estudia ponencia que niega creación del partido Progresistas
Una nueva controversia se desató al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la presentación de una ponencia con sentido negativo que busca negar la solicitud de escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), promovida por la senadora María José Pizarro y los representantes Heráclito Landínez y David Racero.
La intención de los congresistas es conformar el nuevo partido Progresistas, como parte de la reorganización del Pacto Histórico.
La ponencia fue radicada por el magistrado Alfonso Campo, quien argumenta que la solicitud no puede ser aprobada debido a la existencia de dos procesos sancionatorios vigentes en contra del partido Mais. En su informe, Campo se ampara en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe la escisión de partidos cuando estos se encuentren involucrados en procesos sancionatorios.
“Esta corporación negará la solicitud presentada por la ciudadana María José Pizarro Rodríguez respecto al reconocimiento de personería jurídica al partido Progresistas, pues se encuentra acreditada la existencia de dos procesos sancionatorios vigentes en contra del partido originario, Mais”, señala el documento.
La solicitud de escisión fue radicada en diciembre de 2024 por los tres congresistas, quienes argumentan que el partido Mais no participará en la futura fusión que dará origen al partido único del Pacto Histórico, por lo que decidieron promover la creación de una nueva colectividad para mantener su participación política en 2026. Esta posibilidad responde a la obligación legal de conformarse como partido único tras haber superado el 13 % de las curules en las elecciones legislativas de 2022.
Aunque la ponencia no estaba inicialmente en el orden del día, fue solicitada en rotación por el magistrado Álvaro Echeverry. Sin embargo, el CNE debe votarla este miércoles para acatar una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que falló una acción de tutela a favor de la senadora Pizarro. En el recurso, la congresista alegaba vulneración de sus derechos fundamentales a la participación política, el debido proceso y el derecho de petición.
El Tribunal determinó que desde el 21 de enero de 2025 la solicitud había sido radicada sin que el CNE hubiese emitido un pronunciamiento de fondo, por lo que ordenó su resolución inmediata. Se espera que la sala plena del organismo electoral se pronuncie oficialmente este miércoles, en una decisión que podría redefinir el mapa de fuerzas al interior del Pacto Histórico y del Congreso.
