La pugna entre el presidente Daniel Noboa y la Corte Constitucional de Ecuador escaló cuando miles de personas, lideradas por el mandatario, protestaron en Quito contra la suspensión parcial de su Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.

La marcha estuvo marcada por polémicas pancartas que exhibían nombres y rostros de los nueve jueces, hecho condenado por la ONU, Amnistía Internacional y la CIDH como un acto de intimidación contra la independencia judicial.

La ley, aprobada en junio, incluye medidas para reforzar la lucha contra el crimen organizado, como facultades ampliadas para la fuerza pública, indultos presidenciales en fases iniciales de procesos y designación de zonas como objetivos militares. La Corte suspendió provisionalmente artículos clave al considerar que podían generar “efectos concretos, inminentes y graves” sobre principios democráticos y derechos fundamentales, entre ellos la intimidad, el debido proceso y la independencia judicial.

El enfrentamiento refleja un creciente deterioro institucional. Analistas y opositores acusan al Ejecutivo de manipular la opinión pública contra el tribunal, mientras organismos internacionales advierten riesgos para la democracia.

En el plano de la seguridad, Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia, con una tasa proyectada de 52 por cada 100.000 habitantes. Pese a los estados de excepción y la militarización, la violencia ligada al crimen organizado sigue en aumento, especialmente en Guayaquil y provincias costeras.

Noboa planea convocar una consulta popular para reformar la Constitución, aunque sin fecha definida, lo que añade incertidumbre en medio de un clima político y social tenso.

Redacción

Victoria Ricaurte