Trump en un nuevo acto de injerencia contra Venezuela
El gobierno de Donald Trump, en un nuevo capítulo de su política de confrontación contra Venezuela, anunció duplicar, de 25 a 50 millones de dólares, la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente Nicolás Maduro.
Lejos de ser un acto aislado, esta medida se inscribe en una larga tradición de intervenciones y presiones de Washington sobre gobiernos que no se pliegan a sus intereses económicos y geopolíticos.
El anuncio, hecho por la fiscal general Pam Bondi a través de X, sigue la línea de la administración demócrata de Joe Biden, que también había ofrecido sumas millonarias contra líderes chavistas. En ambos casos, se respalda abiertamente al opositor Edmundo González Urrutia, sin importar que su “victoria” en las elecciones de 2024 no cuente con consenso internacional ni con un proceso electoral independiente supervisado por organismos imparciales.
La acusación de narcotráfico contra Maduro, al igual que tantas presentadas en el pasado contra dirigentes de países no alineados, no puede desligarse del contexto político: Venezuela es poseedora de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y ha mantenido, pese a su crisis interna, una política de control soberano sobre sus recursos naturales, desafiando los intereses de las grandes petroleras estadounidenses.
Mientras tanto, las sanciones económicas impuestas por Washington desde 2017 —incluido el embargo petrolero— han golpeado duramente al pueblo venezolano, restringiendo el acceso a medicinas, alimentos y servicios básicos. Organismos de derechos humanos han advertido que este castigo colectivo no ha debilitado al gobierno de Maduro, sino que ha agravado el sufrimiento de millones de personas.
Estados Unidos también ha utilizado el discurso del crimen organizado para desacreditar al chavismo, vinculándolo al Tren de Aragua y declarando a esta banda como “organización terrorista” global, mientras en paralelo negocia con altos funcionarios venezolanos la liberación de prisioneros estadounidenses. Una estrategia contradictoria que evidencia que la supuesta “lucha por la democracia” es, en realidad, una lucha por influencia y control.
Desde la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente interino” en 2019 —un experimento que fracasó estrepitosamente y que incluso la propia oposición desmanteló en 2023—, la Casa Blanca no ha dejado de buscar nuevas fórmulas de presión. La recompensa millonaria contra Maduro es, simplemente, la versión más reciente de una campaña que mezcla propaganda judicial, guerra económica y diplomacia coercitiva.
En un mundo cada vez más multipolar, esta medida no solo reaviva el conflicto con Venezuela, sino que reafirma el papel de Estados Unidos como juez y policía global, arrogándose el derecho de decidir quién gobierna y quién debe ser perseguido. Una política que, en nombre de la “libertad”, vulnera la soberanía de las naciones y sacrifica los derechos de los pueblos en el altar de los intereses imperiales.
