El Ministerio de Defensa informó la detención de doce personas, incluidos miembros activos de la Policía Nacional, señaladas de participar en una organización dedicada al tráfico de migrantes y estupefacientes en la zona limítrofe entre Colombia y Ecuador.

En un reciente pronunciamiento, el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, confirmó la captura de cinco uniformados en servicio activo y siete ciudadanos civiles en el municipio de Ipiales, ubicado en el sur del departamento de Nariño. Estas personas son investigadas por su presunta participación en una red delictiva que operaba en la frontera colombo-ecuatoriana.

Según lo indicado por el alto funcionario, las detenciones fueron realizadas en el marco de una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y autoridades judiciales, como parte de una estrategia para desarticular estructuras criminales con incidencia transnacional. Las primeras indagaciones apuntan a que la red estaría involucrada en el tráfico ilícito de migrantes, así como en el transporte y comercialización de sustancias estupefacientes.

Las autoridades detallaron que, de acuerdo con la información recopilada durante el proceso investigativo, esta organización habría facilitado el paso irregular de personas por pasos no habilitados en la zona de frontera, aprovechando su conocimiento del terreno y posibles vínculos con funcionarios públicos para evitar controles.

En el marco de las diligencias judiciales, también se realizaron allanamientos en diferentes sectores de Ipiales, donde fueron incautados elementos que serán claves para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes y se espera que en los próximos días se lleven a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

El Ministerio de Defensa reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con la transparencia institucional y el fortalecimiento de los controles en las zonas de frontera, donde las dinámicas delictivas exigen una respuesta articulada entre distintas entidades del Estado.

Redacción

Nicolé Santamaria