Preocupante patrón de arrestos arbitrarios a latinos en EE. UU.: “Me detuvieron solo por mi apariencia”
Organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos han encendido las alarmas por un creciente patrón de detenciones arbitrarias a ciudadanos y residentes legales de origen hispano, sin justificación legal aparente. La práctica, que ya ha dado lugar a demandas colectivas, pone en entredicho el respeto por las garantías constitucionales en el país.
Uno de los casos más recientes es el de Carmen Alicia Contreras, ciudadana estadounidense nacida en Maryland, quien fue arrestada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 14 de julio mientras se dirigía a su trabajo. Pese a identificarse como ciudadana, fue retenida durante ocho horas hasta que su esposo llevó su pasaporte y acta de nacimiento.
“Me detuvieron sin razón. Lo único que pasó fue que tengo ‘pinta de latina’”, declaró Contreras, cuyos padres son originarios de México. Su caso refleja lo que diversas organizaciones consideran una preocupante política de perfilamiento racial.
La Unión para los Derechos Civiles (ACLU) ha documentado múltiples arrestos similares en estados como California, Florida, Alabama y Nueva York. En colaboración con otras entidades, esta semana presentó una demanda colectiva en California contra el ICE, señalando una práctica sistemática de detención por criterios como el color de piel, idioma o lugar de residencia.
“Estamos viendo cómo se repiten estos arrestos arbitrarios de ciudadanos que simplemente ‘parecen’ inmigrantes. Es una cacería donde el único criterio es la apariencia”, afirmó Eva Bitran, directora de derechos de los inmigrantes de la ACLU.
Uno de los casos más virales en redes sociales es el de Andrea Vélez, diseñadora de 32 años nacida en Los Ángeles, quien fue detenida sin explicación, obligada a subir a un vehículo no identificado y liberada solo después de pagar una fianza, a pesar de demostrar su ciudadanía.
La cuarta enmienda de la Constitución de EE. UU. prohíbe detenciones sin causa razonable ni orden judicial. Sin embargo, según Narren Shah, directora de Asuntos Gubernamentales de la ACLU, estas prácticas representan “una violación sistemática de los derechos civiles”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado las acusaciones de racismo, argumentando que los operativos se basan en la aplicación de la ley. No obstante, las cifras muestran el impacto en la comunidad latina: según una encuesta del Pew Research Center, el 47 % de los hispanos temen ser detenidos o deportados injustamente, y un estudio reciente de CBS indica que el 74 % considera que la comunidad latina es blanco de las políticas migratorias de la administración Trump.
En zonas como Montgomery County, Maryland, donde hay alta concentración de familias hispanas, muchos ciudadanos han optado por portar su pasaporte en todo momento por temor a ser arrestados sin motivo.
“Hoy, ser latino en EE. UU. significa vivir bajo sospecha constante. Eso es inaceptable en cualquier democracia, pero aún más en la estadounidense”, concluyó Fred Bewington, abogado de inmigración que representa a varias de las víctimas.
