Tensión diplomática entre Colombia y Ecuador por deportación masiva de presos colombianos
La Cancillería colombiana calificó como un “gesto inamistoso” la decisión unilateral del gobierno ecuatoriano de iniciar el retorno forzoso de cerca de 800 connacionales sin coordinación previa ni garantías jurídicas.
La relación diplomática entre Colombia y Ecuador atraviesa un momento de alta tensión tras la decisión del gobierno ecuatoriano de iniciar, sin acuerdo bilateral previo, la deportación de ciudadanos colombianos privados de libertad en cárceles de ese país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado de protesta en el que denunció la medida como “unilateral, arbitraria” y contraria a las normas del derecho internacional.
El proceso comenzó este viernes con la movilización de al menos 400 reclusos hacia el puente internacional de Rumichaca, frontera entre Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia), donde están siendo entregados a las autoridades migratorias colombianas. La operación, que incluye a internos provenientes de los centros penitenciarios de Carchi, Chimborazo y Napo, ha sido acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatoriana.
Protesta formal de Colombia
“La Cancillería colombiana rechaza enfáticamente este gesto inamistoso del gobierno ecuatoriano, que desatendió las reiteradas solicitudes de establecer un protocolo conjunto que garantizara el respeto a los derechos humanos y un proceso ordenado”, señaló el comunicado oficial. Según la Cancillería, las deportaciones impiden la plena identificación de los deportados y la verificación de su situación jurídica, constituyendo una posible violación al derecho internacional, que prohíbe expresamente las deportaciones masivas.
El gobierno de Colombia ha iniciado consultas diplomáticas y evalúa medidas para proteger a sus ciudadanos y exigir el respeto de los canales formales de cooperación bilateral.
Contexto y causas de la medida
La decisión de Ecuador se enmarca en una política interna para descongestionar sus cárceles, afectadas por hacinamiento y violencia. En junio pasado, el gobierno del presidente Daniel Noboa aprobó una ley que autoriza la expulsión de presos extranjeros, impidiéndoles el reingreso al país durante 40 años. Según datos preliminares, de los 1.500 colombianos recluidos en cárceles ecuatorianas, al menos 800 serían deportados en los próximos días.
Un primer contingente de 137 personas fue movilizado desde el Centro de Privación de Libertad Mixto Carchi N.º 1, en Tulcán, hacia la frontera. Otros grupos partieron desde la prisión de Turi, en Cuenca, bajo custodia militar. La Subsecretaría de Migración ecuatoriana coordina las entregas junto al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI).
Falta de coordinación e incertidumbre
Funcionarios colombianos en la zona fronteriza advirtieron sobre la falta de información previa y la ausencia de protocolos para la recepción de los deportados. “No se trata de una repatriación, sino de una deportación masiva”, advirtió Juan Carlos Morales, secretario de Gobierno de Ipiales, quien expresó preocupación por el impacto en la seguridad y por la imposibilidad de verificar antecedentes penales de los retornados.
A su vez, la periodista Karla Arcila denunció públicamente que, pese a conocer con antelación la intención del gobierno ecuatoriano, las autoridades colombianas no tomaron medidas para anticiparse a los hechos. “La cónsul en Quito tenía la información desde hace semanas y no hubo preparación. Desde Cancillería nadie respondió”, afirmó a través de redes sociales.
Panorama incierto
La Cancillería colombiana indicó que continúa monitoreando el desarrollo del proceso y reiteró su exigencia de que Ecuador respete las normas internacionales y coordine de forma bilateral cualquier acción que involucre a ciudadanos colombianos. Mientras tanto, decenas de buses con reclusos siguen llegando a Rumichaca, donde familiares esperan con incertidumbre una respuesta clara por parte de las autoridades.
