General (r) Humberto Guatibonza asegura que la seguridad del mandatario se ha reforzado tras alertas serias, incluida una amenaza con misil.

El jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, el general (r) Humberto Guatibonza, confirmó que desde el inicio del actual gobierno se han documentado 34 amenazas contra la vida del mandatario, cinco de las cuales han derivado en investigaciones formales por parte de la Fiscalía General de la Nación, actualmente bajo reserva.

La declaración fue entregada en entrevista con el medio Vida y se da en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad del jefe de Estado, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado que existen planes de atentado en su contra, presuntamente coordinados por alianzas entre narcotraficantes y grupos armados ilegales.

Amenaza con misil obligó a desviar ruta aérea

Guatibonza reveló que uno de los episodios más delicados ocurrió durante un vuelo presidencial de regreso a Colombia desde Europa. Según el oficial retirado, una fuente calificada alertó sobre un posible ataque con un misil tierra-aire, lo que obligó a cambiar la ruta aérea sin informar el destino final, que terminó siendo el aeropuerto de Pereira en lugar del de Catam en Bogotá.

“Evaluamos la información y decidimos actuar. La amenaza era seria, la fuente era creíble y tomamos las medidas necesarias para garantizar la seguridad del presidente”, explicó.

Seguridad reforzada y vigilancia constante

El general Guatibonza subrayó que la protección del mandatario está en manos de una unidad altamente profesional, cuya labor es “prevenir que nunca ocurra un atentado”. A pesar de las amenazas, aseguró que Petro está seguro y que, aunque suele moverse libremente, acata las recomendaciones de su equipo de seguridad cuando se presentan riesgos específicos.

“Es verdad lo que el presidente denuncia. Su vida corre peligro, y por eso existe esta jefatura. Nuestra prioridad es su integridad y la de su entorno”, puntualizó Guatibonza.

Las amenazas contra el presidente han sido uno de los temas más sensibles para el actual gobierno, que ha insistido en que detrás de estos hechos hay intereses contrarios a las reformas estructurales que busca implementar, en especial su lucha contra las economías ilegales.

La Fiscalía mantiene en reserva los avances de las investigaciones en curso, mientras la Casa de Nariño continúa reforzando los protocolos de seguridad del mandatario.