Mandatario cuestionó suspensión temporal de la Ley 2381 de 2024 durante acto público en Nariño.

En el marco del lanzamiento del proyecto de geotermia de Alta Entalpía en el volcán Azufral, en el municipio de Túquerres (Nariño), el presidente Gustavo Petro hizo un llamado público a la Corte Constitucional para que permita la aplicación de la Ley 2381 de 2024, también conocida como la Reforma Pensional.

La intervención del mandatario se dio tras la decisión del alto tribunal de suspender provisionalmente la entrada en vigencia del nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, mientras se evalúa su constitucionalidad.

“El proyecto ya es ley, ya fue aprobado, y el pueblo lo respalda. Subsanamos lo que nos pidieron, ¿por qué volver a detener su implementación?”, cuestionó el jefe de Estado. En su discurso, enfatizó la necesidad de garantizar un bono pensional para los ciudadanos que no acceden a un salario formal, los cuales –según indicó– representan cerca de la mitad de la fuerza laboral del país.

Petro también criticó el papel de los fondos privados de pensiones en la actual estructura del sistema y advirtió sobre una posible crisis si un número significativo de afiliados decide migrar a Colpensiones. “Los fondos que administran estos recursos se pueden quebrar si la gente se pasa en masa al sistema público”, señaló.

En ese sentido, propuso un modelo mixto que permita la coexistencia del ahorro individual con un fortalecimiento del régimen público. “Todos ganan: los fondos se mantienen, el sistema público se fortalece y los ciudadanos se benefician de ambos. Nadie pierde”, afirmó.

Finalmente, el presidente instó a la Corte Constitucional a reflexionar sobre el impacto social de su decisión. “¿Qué daño nos hace que los viejitos que están en la calle tengan un bono pensional?”, se preguntó, para luego añadir: “No estoy de acuerdo con que, siendo ley de la República, esta reforma no se pueda aplicar. Espero que la Corte reflexione”.

La Ley 2381, sancionada en julio de 2024, es una de las apuestas sociales centrales del actual gobierno. Sin embargo, su implementación se encuentra en pausa por una revisión judicial sobre posibles vicios de forma y fondo, a raíz de demandas presentadas por sectores de la oposición. La Corte aún no ha emitido un fallo definitivo.