Dian refuerza controles en frontera con Ecuador
La medida busca proteger a los productores nacionales y asegurar la legalidad en el comercio agroalimentario, frenar contrabando de arroz y papa.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), ha intensificado los controles aduaneros en todos los pasos fronterizos del país, con especial énfasis en la frontera sur con Ecuador, con el objetivo de prevenir el ingreso ilegal de productos agrícolas como arroz y papa.
Desde el pasado 8 de julio, los operativos se han concentrado en el Puente Internacional de Rumichaca, en Ipiales (Nariño), y en los principales corredores viales que conectan esta zona con el centro del país. Esta estrategia, que cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y más de 30 servidores públicos, busca garantizar la trazabilidad de los productos agrícolas y su cumplimiento con la normativa aduanera.
“Además del control en pasos fronterizos, desarrollamos acciones aduaneras en centrales de abastos y plazas de mercado en todo el corredor suroccidental, desde Ipiales hasta Cali, para determinar la legalidad del arroz y la papa que se comercializan. Esto incluye verificar si se están mezclando productos nacionales con mercancía de contrabando”, explicó el director encargado de la Dian, Luis Eduardo Llinás.
Los funcionarios de la entidad también han venido realizando entrevistas a comercializadores para levantar un registro detallado sobre proveedores, volúmenes de venta y precios, con el fin de identificar posibles irregularidades y diferencias entre el mercado colombiano y el ecuatoriano.
Paralelamente, con el respaldo del Ejército Nacional, se adelantan operativos de fiscalización en pasos ilegales, donde se ha detectado un flujo constante de mercancías que ingresan sin cumplir los requisitos legales.
Según Llinás, estas acciones reafirman el compromiso de la Dian con la defensa de la economía nacional y el fortalecimiento del comercio legal: “Combatir el contrabando es una prioridad para proteger al productor colombiano, asegurar un comercio justo y contribuir a la estabilidad económica del país”.
La entidad hace un llamado a los comercializadores y consumidores para que apoyen la legalidad y denuncien cualquier práctica irregular que pueda perjudicar la producción agropecuaria nacional.