El Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2024 del Departamento Administrativo de la Función Pública, que evaluó a los 63 municipios de Nariño, deja al descubierto una realidad que va mucho más allá de cifras y rankings, la administración pública en el departamento está dividida entre islas de eficiencia y extensas zonas de precariedad institucional.

Linares, San Lorenzo y el municipio de Nariño lideran la lista con puntajes sobresalientes (87,0; 86,3 y 85,5 respectivamente), y demuestran que sí es posible consolidar gestiones locales eficaces, transparentes y orientadas al servicio ciudadano. Son ejemplos de gobiernos locales que, pese a limitaciones estructurales, han logrado resultados consistentes, gracias al compromiso técnico y político de sus líderes y equipos.

En cambio, en el extremo opuesto, municipios como Aldana, Córdoba, Leiva, Providencia, Tumaco y Francisco Pizarro registran niveles alarmantemente bajos de desempeño, con índices por debajo de los 35 puntos. El mensaje es inequívoco, hay territorios donde el Estado local prácticamente no funciona.

Lo más preocupante es que muchos de estos municipios rezagados coinciden con regiones históricamente afectadas por el conflicto armado, la pobreza extrema y el abandono institucional. Allí donde más se necesita capacidad administrativa y liderazgo público, es precisamente donde más escasea.

Este abismo institucional no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales. Es una deuda acumulada del Estado colombiano con regiones que han sido marginadas del desarrollo, sometidas a ciclos de violencia y olvidadas en la planeación nacional.

Pero también es un llamado de atención a la clase política y técnica del departamento. ¿Por qué en municipios similares, con recursos comparables, unos logran altos estándares de gestión y otros no pueden siquiera organizar su administración básica? La diferencia suele estar en la formación de los funcionarios, el compromiso con la legalidad y la voluntad de servir.

El Gobierno Departamental tiene ante sí un reto monumental, convertir los casos de éxito en modelos replicables, fortalecer la asistencia técnica continua y ejercer un control preventivo más eficaz. No se trata solo de enviar recursos, sino de acompañar procesos de formación, construir capacidades y fomentar una cultura de responsabilidad institucional.

Una democracia local robusta necesita gobiernos municipales funcionales. Mientras eso no sea una realidad homogénea en Nariño, el desarrollo será desigual, los derechos seguirán dependiendo del lugar de nacimiento y la institucionalidad continuará siendo una promesa lejana para demasiadas comunidades.

El IDI 2024 no debe ser solo una medición anual. Debe ser el punto de partida para una intervención integral, diferenciada y sostenida en los territorios más rezagados.

Porque gobernar bien no puede ser un privilegio de unos pocos municipios: debe ser un derecho para todos los ciudadanos.

Redacción

Carlos Sanchez