Escrito por Registrador Nacional deja en manos de las altas cortes la decisión sobre la viabilidad jurídica del mecanismo convocado por el gobierno. Hernán Penagos advierte que no hay condiciones materiales ni jurídicas para organizar una consulta el 7 de agosto y pide a las cortes resolver la controversia entre las ramas del poder público.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, aseguró que frente a la solicitud del gobierno nacional de convocar una consulta popular el próximo 7 de agosto, lo que procede jurídicamente es remitir la decisión a las altas cortes. La medida responde a una clara controversia jurídica entre el ejecutivo y el legislativo que, según el registrador, debe resolverse en sede judicial para preservar el orden institucional y el principio democrático.
“Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia en sí misma”, afirmó Penagos. Por ello, la Registraduría Nacional tomará acciones inmediatas como solicitar concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, remitir la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General, y pedir un pronunciamiento ágil a las altas cortes sobre las demandas interpuestas.
Penagos recalcó que la Registraduría Nacional es un órgano autónomo e independiente, sin superior funcional, como lo establece el artículo 266 de la Constitución Política, y que su función es garantizar la integridad de los procesos electorales y de participación ciudadana.
Respecto a la viabilidad operativa de una consulta en esa fecha, el registrador advirtió que, además de requerir una inversión estimada en 750.000 millones de pesos, no existe tiempo material suficiente para su organización. “Mínimo, la Registraduría requiere alrededor de tres meses, como lo determina la Constitución y la ley, para sacar adelante una consulta de este nivel de manera íntegra e impecable”, señaló.