Escrito por El nuevo ministro de Justicia Eduardo Montealegre, anunció que quienes aporten de forma decisiva a la 'paz total' no serán enviados a Estados Unidos. También defendió la consulta popular firmada por decreto y reveló avances en la investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que el gobierno suspenderá la extradición de líderes de organizaciones armadas que demuestren colaboración efectiva con los procesos de paz. En entrevista con EL TIEMPO, Montealegre sostuvo que esta decisión se alinea con la política criminal vigente, similar a la que implementaron gobiernos anteriores como el de Juan Manuel Santos.
Montealegre aclaró que no habrá un desmonte abrupto de la política de extradición ni una ruptura con Estados Unidos, pero sí se suspenderán casos específicos cuando el solicitado esté aportando a la paz.
El jurista también defendió la legalidad del decreto con el que el presidente Petro convocó la consulta popular. Según él, el artículo 4 de la Constitución permite al jefe de Estado inaplicar actos del Congreso que contraríen la Carta Política, sin necesidad de una sentencia judicial previa. Reveló que hay una estructura criminal detrás del ataque a Miguel Turbay y no un actor solitario, y destacó la conformación de un cuerpo élite de investigación con 200 expertos.
En cuanto a la política penal, el ministro insistió en que el enfoque de su administración será restaurativo, especialmente para los menores involucrados en delitos. Rechazó el populismo punitivo y abogó por resolver primero los problemas estructurales que alimentan el crimen.
Montealegre también respaldó la propuesta del presidente Petro de crear una comisión consultiva de la ONU para apoyar las investigaciones del atentado. Enfatizó que esta no asumiría funciones de la Fiscalía, a menos que se hiciera una reforma legal de fondo.
Sobre el uso del glifosato, aseguró que el gobierno no retomará la aspersión aérea, en coherencia con los acuerdos de paz de La Habana. La erradicación manual será la estrategia predominante.
Finalmente, lamentó la renuncia de ocho integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal tras su nombramiento, pero aseguró que ya se están considerando nuevos nombres para ocupar esos cargos con profesionales de alto nivel.